Solo el error telemático de un diputado del PP en la votación, que los populares y Vox van a impugnar, impidió que el Congreso tumbara ayer contra todo pronóstico la reforma laboral, propinara al Gobierno de Pedro Sánchez el mayor golpe de la legislatura y ... pusiera contra las cuerdas el diálogo social en España. El decreto ley, que llegaba al pleno con apoyos ajustados pero suficientes, fue convalidado por la mínima: 175 síes y 174 noes. Habría decaído, de no mediar el episodio del parlamentario popular Alberto Casero, al pronunciarse contra él UPN, cuyos dos representantes desoyeron las consignas de su partido para que respaldaran la iniciativa. La agitada sesión muestra a las claras la precariedad en la que se mueve el Ejecutivo. Aunque al final salvó el trámite gracias a una carambola, sale de él con heridas abiertas en la relación con sus principales aliados y con la vicepresidenta Yolanda Díaz desgastada al fracasar en su empeño de reconstituir la mayoría de la investidura. La articulación de otra transversal, en la que fue determinante la presencia de dos fuerzas en situación crítica como Ciudadanos y el PDeCAT, permitió hacer de la necesidad virtud y aprobar los cambios en el mercado de trabajo acordados entre CC OO y UGT y las organizaciones empresariales.
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El calado de la reforma no merecía un recorrido tan apurado, en el que los intereses partidistas y la polarización política prevalecieron sobre el contenido de la regulación tanto en los socios del Gobierno que le han dejado solo –el PNV, ERC y EH Bildu– como en la oposición. Porque incluso considerando que la norma sea insuficiente –como hacen quienes se sitúan a la izquierda de los sindicatos mayoritarios– o no la que precisan la economía y el empleo –como hacen quienes se sitúan a la derecha de la patronal–, no se han expuesto argumentos de peso que justifiquen desecharla. La insistencia del PP en mantener la legislación de 2012 de Rajoy y en anunciar la derogación de la actual si llega a La Moncloa puede entenderse como gesto político, pero no como una mejor alternativa una década después. La convalidación afianzará la aplicación de la reforma laboral vigente desde el 1 de enero como real decreto, lo que tampoco estará exento de diferencias de interpretación e incluso de litigiosidad. Sería conveniente que los grupos políticos que se mostraron en contra de ella le concedieran un margen que atienda a sus resultados sin pretender interferir en las relaciones industriales.
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