Reforma laboral en el agro

Si bien es cierto que no entrar en este vericueto ha facilitado el acuerdo general, tan políticamente necesario para el gobierno y el resto de agentes, no lo es menos que no incorporarla desde el comienzo de las negociaciones ha generado una innecesaria y nueva preocupación en el campo. Uno de los aspectos más dañinos es la reducción de la duración de los contratos temporales, pasando a fijos discontinuos los que superen el nuevo máximo establecido de 90 días, cuando en la actualidad son 120. El problema es que a día de hoy el fijo discontinuo solo es viable en campañas de muy larga duración. Con la nueva regulación solo podrían ser temporales los contratos que se articulen para campañas muy cortas.

Por tanto, quedaría un segmento no menor, que debería renunciar a la temporalidad para transformarse en fijos discontinuos, lo que incrementaría sus costes. Con este nuevo marco es previsible que se incrementen los despidos en unas explotaciones que ya se encuentran sometidas a una enorme tensión como consecuencia del repunte acelerado y continuado de los costes básicos de producción, y que no van acompañados de subidas proporcionales de los precios en origen. El cambio de las condiciones de juego en los contratos de campaña también puede generar una modificación de las decisiones de cultivo. ¿Para qué cambiar de forma sustancial lo que funciona bien y que tanto esfuerzo ha costado?