La reforma de la financiación autonómica

También el martes, la vicepresidenta Calviño, al término del Consejo de Ministros que ella misma había presidido por ausencia del presidente Pedro Sánchez (de viaje en La Palma), abordó el asunto y criticó estas reuniones tendentes a formar grupos de presión en favor de unos contra otros. «El sistema de financiación autonómica -aclaró Calviño- es una cuestión que afecta a todos los ciudadanos y tiene que abordarse con una actitud constructiva y con un enorme respeto, escucha y comprensión, para que logremos un equilibrio que nos permita construir país, que nos permita reforzar la vertebración territorial y en definitiva reforzar España». De momento, la ministra de Hacienda, Montero, presentará en el próximo mes de noviembre una propuesta del cálculo de población ajustada, que pueda servir como punto de partida y criterio para la elaboración del nuevo modelo de financiación.

La financiación autonómica, que afecta a todas las comunidades menos a Navarra y País Vasco por específico mandato constitucional, ha de efectuarse con criterios objetivos: población real, renta media, estructura de edad, extensión y dispersión de la población en el territorio, etc.). Y sobre ellos debe superponerse cierta progresividad, de forma que el modelo cuasi federal tienda a equilibrar el conjunto y a elevar hacia el promedio a los que se mantienen por debajo de él. Solo esta segunda parte puede tener contenidos ideológicos; el resto del trabajo de distribución ha de ser predominantemente técnico, y ha de incluir las correcciones necesarias para garantizar que las variaciones entre la financiación de los grandes servicios públicos entre unas comunidades y otras se mantengan dentro de márgenes aceptables.

Obviamente, para que prospere ese trabajo de negociación será necesario que Cataluña aplace sus reivindicaciones a una fase posterior y que acepte los términos de equidad que se pacten entre los quince interlocutores. Lo que no quita que a posteriori se pacte con Cataluña un régimen especial, neutro, semejante al navarro y al vasco, con o sin reforma constitucional mediante.

La tarea de negociación debería ser encomendada a las comunidades autónomas, que darán predominio a las necesidades y conveniencias de los ciudadanos sobre los intereses políticos de los partidos. Y no se entendería que el PP y el PSOE rechazaran respaldar constructivamente a los gobiernos de los territorios en que son hegemónicos en esta búsqueda de consenso. Se ha recordado oportunamente que en 1992, el presidente Felipe González y el jefe de la oposición José María Aznar firmaron el segundo pacto autonómico (el primero había sido la recesiva Loapa, ulterior al tejerazo de 1981, que fue desmontada por el Tribunal Constitucional). Mediante aquel acuerdo, se transfirieron a las comunidades 32 nuevas grandes competencias, entre ellas la Educación, con el fin de igualar las comunidades 'de vía lenta' con las llamadas históricas, que se habían forjado por sendas vías constitucionales diferentes. La fotografía en sepia de González y Aznar muy sonrientes celebrando el acuerdo debería colgarse en los despachos de Ferraz y de Génova como recordatorio de que las formaciones de Estado tienen la obligación de sacar adelante los grandes pactos de Estado.