Recuperación de la Salud Pública de Castilla y León. No con estos presupuestos

Ya desde el inicio de la pandemia se evidenciaron los déficits de recursos de la salud pública en nuestra comunidad, tanto en medios técnicos como, sobre todo, en medios humanos para luchar contra la pandemia y, aunque se parchearon algunos servicios, no se tomaron las medidas estructurales necesarias que debieran haberse introducido. A pesar de ignorar estas circunstancias, nuestros dirigentes políticos no cesaron de hacer manifestaciones sobre la 'imperiosa' necesidad de reforzar la Salud Pública en Castilla y León. No una, sino multitud de veces oímos al anterior equipo directivo de la Consejería de Sanidad y al propio presidente de la Comunidad afirmar que se reforzaría la Salud Pública para actuar frente a esta pandemia y estar mejor preparados para otros riesgos futuros, así como para abordar los retos en la mejora de los estilos de vida, la atención a la cronicidad o la vigilancia, entre otros.

Pues bien, ha llegado el momento de evaluar el compromiso del gobierno de coalición con la sanidad en general y con la salud pública en particular. Y una de las herramientas clave es el Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León para 2023.

No vamos a comentar la asignación económica de Sanidad más que para comparar los porcentajes destinados a la Consejería y a la Gerencia Regional de Salud en estos presupuestos con respecto a los de 2022. Si los 13.809 millones de euros para el conjunto de la Administración en 2023 son «los más altos de la historia», según destacó Mañueco en la presentación de los presupuestos el pasado 27 de octubre, con un crecimiento del 12,35% con respecto a las de 2021-2022, los de Sanidad solo crecen en el 8,9%, según la comparecencia del consejero de Sanidad en las Cortes de Castilla y León el 10 de noviembre. Una vez más Sanidad pierde peso específico en el conjunto de las cuentas.

Pero centrémonos en Salud Pública, la pobre entre las pobres. Ya se ha escrito y documentado ampliamente la situación de abandono y deterioro paulatino de este importantísimo elemento de nuestra organización sanitaria: una pérdida importante de competencias y una organización obsoleta, que en el caso de los servicios territoriales de Sanidad se remonta a más de 30 años, además de una infrafinanciación crónica.

Algunos de los temas que están en la agenda de asociaciones como la de Médicos y Enfermeras de Salud Pública y Administración Sanitaria o de los profesionales dedicados a las alertas epidemiológicas están relacionados con la creación de cuerpos específicos de profesionales de la Salud Pública, el incremento de los niveles retributivos (con modificaciones en niveles y complementos de las nuevas Relaciones de puestos de trabajo) y carrera profesional sanitaria para poder competir en el 'mercado' de médicos especialistas y enfermeras con el vecino Sacyl, la vuelta a la normalidad del Sistema de Alertas Epidemiológicas que desapareció en 2021 por, entre otras, cuestiones económicas.

Pues bien, este gobierno de coalición ha elaborado unos presupuestos que abocan a la Salud Pública al ostracismo durante otros 12 meses. Nuestros gestores, o bien no son conscientes de la situación crítica en la que está la Salud Pública o no tienen el liderazgo político necesario y peso en el Consejo de Gobierno para influir en el presupuesto o simplemente es una más de las estrategias para desmantelar poco a poco este servicio público.

Dice el consejero de Sanidad en su comparecencia que Salud Pública dispondrá de un presupuesto de 107,4 millones de euros, lo que representa un incremento del 26,68% (suponemos refiriéndose a las cuentas de 2018), aunque en realidad ese incremento es de 5,8% con respecto a la estimación del gasto consolidado 2022, es decir, menor aún que el incremento del de Sanidad que ya era proporcionalmente bajo con respecto a otras consejerías. Esto supone que si Salud Pública representaba en el año 2022 el 2,39% del presupuesto de Sanidad, este año es el 2,38%. Para este cambio no diga nada, sr. consejero.

Si se analizan las variaciones por subconceptos el capítulo de personal, el que más hubiera debido de aumentar, solo lo hace en el 2,11% que no llega ni para cubrir el aumento salarial, y por supuesto es mucho menor que el incremento en ese subconcepto para Atención Primaria (6,73%) o atención hospitalaria (9,23%).

Como bien subrayó el sr. consejero, el incremento más importante aparece en el subconcepto de productos farmacéuticos, que en 2023 supondrá más de 34 millones de euros en comparación con los 30,5 que se gastaron en 2022, un aumento del 10% destinado a financiar el nuevo calendario vacunal. Por el contrario, la partida de inversiones reales, aunque supone un incremento del 18% sobre el consolidado de 2022, es poco más de un millón de euros. Los presupuestos en equipos para proceso de la información se limitan a 5.000 euros y para programas y aplicaciones informáticas a poco más de medio millón de euros.

En conclusión:

1. No se ha aprendido nada de las necesidades que puso en evidencia la pandemia.

2. Los profesionales de salud pública seguiremos otro ejercicio más sin unas retribuciones competitivas y sin aumento de la plantilla.

3. Las herramientas de trabajo seguirán siendo pocas y obsoletas, alejadas de las necesidades tecnológicas que se necesitan en la vigilancia de la salud pública.

4. El aumento del presupuesto global de Salud Pública se lo lleva el capítulo del calendario vacunal, hipertrofiando un área específica de la prevención de la enfermedad en detrimento de las enfermedades crónicas y sus complicaciones (el mayor problema de salud pública al que se enfrenta la población castellana y leonesa) o de la promoción de la salud en la población infantil.

En los próximos días se tramitarán estas cuentas y se aprobará la Ley en las Cortes de Castilla y León. Los grupos parlamentarios están obligados a introducir los cambios necesarios para revertir este deterioro de la Salud Pública. Si no lo hacen, serán cómplices de que la obesidad siga siendo una epidemia silenciosa en los niños y adolescentes, que el suicidio siga aumentando entre jóvenes y mayores, que la dependencia y la hospitalización sea algo inexorable en los ancianos o pacientes crónicos, que no haya un epidemiólogo de guardia para controlar un brote de meningitis en un colegio, que nos pille otra pandemia contando casos con una hoja de cálculo y un teléfono, y tantos y tantos problemas y riesgos para la salud a los que nos enfrentamos todos los días. La pelota está en su tejado.

Autores: Marisa Bartolomé Cano. Servicio de Pediatría del Hospital Clínico U. de Valladolid. Manuel Escarda Escarda. Senador por Valladolid y médico de familia. Miguel Holguín Boyano. Secretario regional de Sanidad de UGT de Castilla y León. Pablo Oyágüez Ugidos. Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Burgos. Fernando Rodero García. Médico jubilado de Atención Primaria. Miembro de la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública Del Valle del Tiétar, Avila. Azucena Santillán García. Enfermera HUBU. Sindicato SISCYL. Martín Vargas Aragón. Servicio de Psiquiatría. Hospital U. Río Hortega. Tomás Vega Alonso. Técnico Facultativo de la Consejería de Sanidad.