Rechazo unánime

Los ciudadanos pueden tener razones para valorar críticamente la gestión de la pandemia y sus consecuencias por parte de gobiernos y administraciones, el derecho de expresar quejas y vindicaciones, o el de albergar serias reservas frente a la ejecutoria de las autoridades. Pero las algaradas ilegales, los destrozos de enseres públicos, automóviles o establecimientos y el desvalijamiento de algunos comercios no pueden enturbiar la convivencia ni siquiera por algunas horas. Los grupos de jóvenes que se han sentido legitimados para alterar la paz ciudadana en protesta ante los toques de queda y los confinamientos perimetrales no tienen derecho alguno a incrementar la inquietud general por los efectos sociales de esta segunda ola. El hecho de que durante el fin de semana los incidentes con violencia se hayan extendido por Madrid, Barcelona, Bilbao, Logroño, Málaga, Santander, Granada, Burgos, Vitoria... demuestra que hay quien se considera autorizado a añadir dolor al sufrimiento colectivo, como si así se ganara la representación de quienes más padecen el coronavirus en su salud, en la de sus allegados, en su empleo o en su bienestar material. Para alentar un fenómeno que pretende volverse tan desconcertante como el propio coronavirus. Como está ocurriendo en otros lugares de Europa, el disenso más extremista contra las restricciones hace coincidir un magma de fundamentalismos ideológicos, de negacionismos, y de personas exigiendo sin miramientos que continúe la fiesta durante la noche. Basta con que grupúsculos activistas se apropien del sentir de manifestaciones o concentraciones legales cuando éstas finalizan; o con que, a través de las redes sociales, algún provocador convierta un punto cualquiera de la ciudad en lugar de cita minutos antes del toque de queda. Lo ocurrido el fin de semana obliga a todas las formaciones parlamentarias y a las organizaciones representativas a rechazar el uso de la fuerza bruta para expresar desacuerdos respecto a las medidas aplicadas bajo el estado de alarma. Interpela a las instituciones, que han de hacer valer la legalidad como condición de la convivencia en una situación de emergencia sanitaria, cuando además los desmanes contribuyen a la difusión del coronavirus y a detraer recursos públicos de su cometido frente a la covid-19. Y emplaza a la sociedad y a las familias a atajar el mínimo riesgo de que la libre expresión de desavenencias se vea manipulada para añadir intranquilidad a un país que ya vive en la incertidumbre.