Quema de rastrojos

La Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados que entró en vigor el pasado 10 de abril, excluye de esta regulación la paja y los materiales naturales no peligrosos de origen agrario y forestal, pero por otro, prohibe su quema y establece cómo se deben eliminar. Una contradicción que dejó desconcertado al sector ya que se trata de una cuestión ya regulada de forma estricta por la norma europea, nacional y regional. Como consecuencia de todo ello ha habido una intensa actividad política buscando una aclaración sobre esta cuestión y que se corrija su regulación actual.

Esto ha llevado a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados a aprobar una enmienda que, si transita adecuadamente por el circuito parlamentario, formará parte de la futura ley que regulará el sistema de gestión de la nueva Política Agraria Común (PAC) a partir de 2023. Todo puede pasar, pero lo previsible, dado el consenso sobre la materia y el poco interés político que suscita, es que no haya sorpresas y se apruebe en Congreso y Senado, lo que enmendaría la Ley de Residuos y Suelos Contaminados en este punto. En todo caso, difícilmente va a llegar a tiempo para la poda de otoño, una labor agrícola indispensable para la productividad de las explotaciones de cultivos leñosos, entre otros el viñedo. Genera un elevado volumen de residuos vegetales de los que es necesario deshacerse, y que la norma vigente dificulta y encarece.