Ja n'hi ha prou

El acto arrancó con la intervención del presidente de Pimec (la patronal más representativa de las pymes y los autónomos), Antoni Cañete, mientras que la clausura correspondió al presidente de Foment del Treball (la principal patronal de Cataluña), Josep Sánchez Llibre. Intervinieron también representantes de los sectores más perjudicados, sobre todo de hostelería y comercio. Y el apoyo al manifiesto congregó una amplia representación de estos sectores, junto con los de la cultura y de las grandes empresas. A las ya conocidas adhesiones del Cerle d'Economia, Femcat, Barcelona Global y el Círculo Ecuestre, se añadieron todas las entidades relacionadas con el comercio, entre ellas Barcelona Comerç, y grandes empresas como Cellnex, Agbar, Mercadona y Cirsa.

El documento arrancaba con este doliente reconocimiento: «Los ciudadanos catalanes, y también los empresarios, estamos agotados. Justo cuando, con grandes esfuerzos y sacrificios en rentas y puestos de trabajo, salíamos de la grave crisis financiera que hemos sufrido durante diez años, hemos sido golpeados por la covid y por las medidas adoptadas por las diversas administraciones públicas para combatirla (...). La aparente parálisis gubernamental se ha visto agravada por los comportamientos violentos e incívicos de las últimas semanas que contribuyen a hundir, hasta niveles nunca vistos, la imagen de Cataluña y de su capital».

A partir de aquí, los firmantes asumían el compromiso de recuperar Barcelona mediante la colaboración público-privada, Tras manifestar su respeto a la libertad de expresión, pedían «al Govern de la Generalitat, al Ayuntamiento de Barcelona y al resto de ayuntamientos de Cataluña que ejerzan su autoridad democrática y sus responsabilidades sin complejos, con el fin de recuperar la convivencia y la paz en nuestras calles», no sin expresar «nuestra enorme preocupación por los disturbios, actos de violencia, destrozos de bienes públicos y privados y saqueos que se han producido y se siguen haciendo por todo el país, y muy especialmente en la ciudad de Barcelona».

Exigían a las instituciones y a los partidos apoyo a las fuerzas de seguridad, y urgían «a formar el nuevo gobierno sin dilaciones: un gobierno estable, cohesionado y activo que tenga como objetivo principal la recuperación económica de la crisis provocada por la pandemia». Y, por si hubiera dudas, expresaron así su voluntad: «Reclamamos un Gobierno que defienda la economía productiva, el empleo y el Estado de bienestar; que sitúe la recuperación económica y la cohesión social como su objetivo principal; que mantenga el orden, es decir, que garantice el libre y pacífico ejercicio de los derechos y libertades para todo el mundo, y el normal funcionamiento de las instituciones; y que dé seguridad jurídica». Para ello, sugerían la firma de un Pacto de País que persiga todos estos objetivos.

El grito de la sociedad civil catalana es desgarrador, y resulta perfectamente comprensible a la vista de que estamos en la tercera semana posterior a las elecciones y no hay indicio de que se vaya a formar gobierno (la situación real es la misma que antes de las elecciones, o sea la que mostró una clara ingobernabilidad). Y por añadidura, la falta de iniciativa política se superpone a un estallido social auspiciado por los antisistema y por la CUP, que es el partido independentista que debería dar estabilidad a un gobierno nacionalista. El panorama es muy negro si no cunde cuanto antes el sentido común y la idea de transversalidad que anteponga la reconstrucción al soberanismo.