Protección de la libertad sexual

El caso generó una gran respuesta ciudadana de indignación al entender que había benevolencia en aquella distinción, toda vez que la superioridad de varios jóvenes 'en manada', de fiesta y probablemente embriagados, sobre una muchacha era tan manifiesta que no se entendía cómo la víctima podía haberse defendido de la sinrazón de sus agresores. Finalmente, el Supremo dio la razón a la opinión pública.

Esta nueva norma es otra de las iniciativas estrella del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, quien aspira que España se sume a «la vanguardia de los derechos de las mujeres en Europa con una clara perspectiva feminista y de derechos humanos».

La nueva ley incluye un marco de prevención, atención y reparación para las víctimas de violencia sexual, al estilo del que ya existe para las de violencia de género, y reforma el Código Penal para acabar con la distinción entre agresión y abuso. En atención al Convenio de Estambul, el criterio rector es el consentimiento o no de la víctima; de esta forma, ya no será considerado abuso sexual una violación en la que no haya una violencia o intimidación explícita pero sí ambiental, como ocurría en las dos primeras sentencias en el caso de 'la manada'.

El Consejo del Poder Judicial no ha visto con buenos ojos esta ley, por «innecesaria» y «problemática», pero finalmente se ha impuesto el criterio social más rígido estricto y que mejor protege a la mujer. Un criterio aportado por el Consejo Fiscal y que define el consentimiento en positivo: se establece que «solo» habrá existido consentimiento cuando «se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona». Ya no queda, parece, lugar a dudas.

La integridad de la mujer frente a los depredadores quedará así convenientemente protegida en vía penal, pero hay dos aspectos de la libertad sexual que aún están indebidamente tratados: el abuso de menores y los delitos de odio contra la comunidad LGTBI. En el primer asunto, es notorio que no se han establecido ni las cautelas ni las sanciones ni los procedimientos indispensables para disuadir a los pederastas y facilitar su detección precoz. Aparecen a diario en los medios abusos recientes -uno de los últimos, en Montserrat- que ya no debían haberse producido si, tras la toma de conciencia de la colectividad, existieran las suficientes cautelas sistemáticas.

En cuanto el delito de odio contra la comunidad LGTBI, los informes de la Fiscalía acreditan que crecen anualmente a velocidades de dos dígitos, seguramente porque las minorías, en uso de su derecho, adquieren mayor visibilidad, lo que enriquece a toda la sociedad y no puede convertirse en motivo de discriminación ni mucho menos de exterminio. Hace apenas unos días que un joven de 24 años era asesinado en La Coruña por otra 'manada' de jóvenes. Se trata de un caso extremo pero sigue habiendo prácticamente a diario agresiones por esta misma causa que se deben impedir.

Es evidente, además, que no ha fructificado todavía el proceso cultural que ha de imponer el respeto al diferente y que debe empezar en la propia escuela. Y, por descontado, no se puede tener la menor contemplación con los grupos políticos que, mediante el pin parental o por otros medios, traten de perpetuar la discriminación. No hay que darle a Vox la menor satisfacción en un asunto grave que está en la base de los derechos humanos.