Una propuesta solvente para Cataluña

La propuesta de López Burniol parte de la evidencia de que el conflicto solo podría resolverse verdaderamente a través de una transformación federalizante, lo que requeriría una reforma constitucional que por razones obvias no es momento de abordar ahora (Maragall llegó a reconocer que la reforma estatutaria que auspició hubiera debido ser realmente una reforma constitucional, que también era imposible entonces, pero no le salió bien la jugada porque el TC invalidó el intento). Y dado que las cosas son así, habrá que prescindir de momento de tal opción y centrarse en los cambios que sí son posibles en el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Un acuerdo a este nivel sería un primer paso que no tendría por qué representar un desistimiento de quienes quieren ir más lejos, y que podrían seguir intentándolo en el futuro, siempre por los cauces de la legalidad.

López Burniol pone de manifiesto que para negociar una cuestión tan compleja las dos partes tiene que tener claro tanto aquello en lo que la otra parte no cederá jamás como lo que uno mismo tampoco está dispuesto a ceder en ningún caso. Y en consecuencia, el debate habrá de mantenerse en el amplio terreno intermedio.

Sentado esto, Burniol propone un acuerdo basado en los siguientes puntos (todos ellos han sido barajados y mencionados en el pasado, pero nunca hubo verdadero interés en acordarlos): a) Reconocimiento explícito de Catalunya como nación. b) Competencias identitarias: atribución a la Generalitat de competencias exclusivas en lengua, enseñanza y cultura, de modo que dichas competencias no puedan ser luego limitadas ni condicionadas. c) Competencias financieras: 1) Fijación de un tope a la aportación al fondo de solidaridad, bien sea mediante la instauración efectiva del principio de ordinalidad, bien sea por el señalamiento de un porcentaje. 2) Gestión de todos los impuestos por una Agencia Tributaria compartida. d) Referéndum para aprobar o rechazar las reformas estatutarias en las que se concretaría el acuerdo.

López Burniol parte de la base de que sería una pérdida de tiempo intentar una negociación fuera del marco constitucional. Y señala que sería perjudicial tanto la división del soberanismo como la del constitucionalismo, y señala la nefasta oposición absoluta -brutalizada- del PP empeñado también en encarnar con exclusividad las esencias patrias«. »¡Ay de los puros!«, dice en un desahogo el articulista.

Finalmente, el ilustre notario, actual vicepresidente de la Fundación La Caixa, elogia sin ambages al presidente Sánchez, quien «asume graves riesgos, que son, en todo caso, más dignos de respeto que la insolvente y vergonzosa pasividad que le precedió durante años». Y concluye en estos términos: «Hace un esfuerzo que, hasta ahora, no ha obtenido una respuesta concorde. Cuídense mucho, por tanto, los tenores y los jabalíes -es decir, los patrioteros , que no patriotas, de ambos bandos- de no abortar esta posibilidad que se abre incierta, pero potencialmente fecunda, aunque el acuerdo final se demore y sea un modesto apaño. Porque lo que vendría después de un fracaso no sería bueno para nadie. Y, quizá, sería irreparable».

El Partido popular no es necesario para que arranque todo este proceso. Pero debería meditar si con apenas el 4% de los votos y tres escaños en el parlamento catalán tras las recientes elecciones autonómicas puede darse por satisfecho. En caso contrario, tendría que sopesar la posibilidad de cambiar de estrategia, de recuperar los viejos consensos sobre el desarrollo constitucional que incluso Aznar mantuvo con González. Porque si el PP se excluye de Cataluña, probablemente haya firmado su desaparición a medio plazo: no puede dirigir este país quien no asuma su variedad y su pluralidad.