Una propuesta incendiaria

La capitalidad madrileña, una condición histórica, ofrece ventajas e inconvenientes, oportunidades y molestias. Madrid se beneficia del efecto sede por albergar a las más importantes instituciones del Estado, pero a la vez su población tiene que asumir un mayor coste en productos básicos como la vivienda. Cada urbe, cada comunidad, cada provincia tiene singularidades positivas y negativas que le confieren una personalidad que, salvo casos excepcionales, ha de ser asumida con naturalidad. No sería inteligible que las comunidades costeras hubieran de pagar un canon a las del interior por no tener estas acceso al mar.

Otra cosa es que nuestro Estado cuasi federal decida establecer una armonización fiscal entre las comunidades autónomas, manteniendo cada impuesto en una banda de variabilidad que permita la gestión de cada una sin que llegue a producirse dumping fiscal. Tal armonización es un objetivo europeo, precisamente para impedir que algunos países como Irlanda o Luxemburgo atraigan a las multinacionales gracias a un impuesto de sociedades anormalmente bajo. Ya están en marcha las reformas que limitarán los márgenes y obligarán a las empresas –especialmente a las grandes tecnológicas– a tributar buena parte de la carga fiscal en los territorios en que realizan sus negocios.

Cada vez es más evidente que nuestra Constitución está incompleta en el Título VIII, que describe cómo erigir el estado de las autonomías pero no aclara cómo avanzar en ese camino. Y como no están los tiempos para reformas constitucionales, no estaría de más que las 17 autonomías convergieran por consenso en una nueva LOFCA y en esta discreta armonización.