Presupuestos y forma de Estado

Hubo, pues, un Congreso y un Senado, este 'cámara de representación territorial', y se decidió no establecer requisitos constitucionales a los partidos que concurrieran a la formación de la cámara baja. Es decir, no se reservaron los escaños a los partidos de implantación estatal, ni se obligó a que las candidaturas estuvieran extendidas sobre una parte significativa del país, sino que pudieron hacerlo las formaciones nacionalistas, que lógicamente solo estaban implantados en los territorios irredentos.

Así las cosas, el desarrollo de la Constitución mediante la ley electoral -el Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre normas electorales- generó espontáneamente el abanico parlamentario que se consolidó ya a partir de 1982: un sistema bipartidista que ofrecía un espacio político reducido al PCE (después Izquierda Unida) y cabida a distintas formaciones nacionalistas periféricas: la 'minoría catalana' formada por CiU, PNV, Partido Andalucista, Bloque Nacionalista Galego, etc., tuvieron una significativa representación parlamentaria, variable según la coyuntura.

CiU contribuyó a la estabilidad del gobierno socialista en la última legislatura de González (el PSOE logró 159 escaños y CiU 18), y Jordi Pujol acabó apoyando la investidura del líder socialista a cambio de abundantes contrapartidas para Cataluña. Fue el estreno oficial, tras la Transición, de aquella singular forma de conseguir apoyos externos, de forma que el Parlamento pasó a ser una especie de institución mercantil en que los apoyos políticos se pagaban en especie. En 1996, viendo Pujol que a González se le acumulaban los episodios de corrupción, lo dejó caer, y el presidente socialista no tuvo más remedio que convocar elecciones anticipadas.

El modelo estrenado en 1993 fue utilizado por Aznar en 1996. El PP había logrado 156 escaños, y Aznar acabó gobernando con el apoyo de CiU (16 escaños), el PNV (5) y Coalición Canaria (4). Pujol humilló a Aznar sin miramientos y obtuvo competencias y contrapartidas de todo tipo a cambio de su apoyo.

Aquellos precedentes han adquirido una magnitud inesperada al transformarse el bipartidismo imperfecto en un modelo pluripartidista, de forma que la negociación entre formaciones estatales y nacionalismos periféricos se ha vuelto sistémica. La formación de coaliciones ha quedado reservada a los partidos estatales, y la gobernación se alcanza mediante acuerdos entre estas y las formaciones nacionalistas o regionalistas.

Ello produce manifiestas y notables asimetrías e injusticias. Cualquier contrapartida que se ofrezca a las fuerzas periféricas es en detrimento de la equidad entre las 17 comunidades (o entre las 15 si se dejan al margen les territorios históricos). Y aunque lógicamente se intente guardar las formas, el perjuicio para la igualdad de oportunidades es objetivo. Prueba de ello es que, a la vista de la trascendencia de la representación parlamentaria para conseguir dádivas, la España despoblada está imitando el ejemplo turolense y preparando candidaturas para emular la gesta de «Teruel existe».

Tales asimetrías son difícilmente sostenibles, y la única manera de repararlas es procediendo a una reforma profunda del Estado -de la Constitución- en el sentido federal. Las 17 comunidades deben tener un espacio vital semejante para desarrollar idénticas competencias a su manera, capacidad normativa en un marco superior, incluso determinada libertad fiscal entre ciertos límites. Intercambiar apoyos políticos por competencias o por recursos representa la desarticulación del Estado, la fragmentación de lo público, el desprestigio de las instituciones, el desmantelamiento de los vectores unitarios de solidaridad que determinan en avance de las nacionalidades en la formación del Estado. Y negar la urgencia de tal reforma es no entender ni el riesgo que corremos ni la necesidad de racionalizar el modelo. Ambos apremiantes.