Presupuestos 2022

«El objetivo que tenemos todos -concluyó- es el de garantizar la estabilidad, el de crear los cauces para seguir gestionando los fondos europeos y para redistribuir los frutos de ese crecimiento económico después de 18 meses de pandemia muy duros, en particular en nuestro país».

La vicepresidenta primera y ministra de Economía ha explicado que estos presupuestos para 2022 han de ser lo más expansivos posible porque tienen por objeto acoger los fondos Next Generation e impulsar la inversión y la reconstrucción, aplicando a ello todos los recursos disponibles. Para ello, propone aplazar la reforma fiscal, que es contracíclica, al siguiente ejercicio. En definitiva, Calviño afirma que la prioridad del Gobierno es impulsar la recuperación económica y que esta debe ser «sólida» antes de acometer cambios en el sistema fiscal que pudieran perjudicarla.

La primera reunión de los equipos de los dos miembros de la coalición, encabezados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por parte socialista, y por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, por Unidas Podemos, tuvo lugar en julio; todo el mundo era consciente de las diferencias de partida pero los socios esperaban tener listo el proyecto antes del plazo que fija la Constitución (el 30 de septiembre). De hecho, Calviño ha llegado a anunciar que el proyecto podría ser aprobado por el gobierno en el último Consejo de Ministros de septiembre o en el primero de octubre. Pero, inesperadamente, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de UP, declaró el pasado miércoles que el acuerdo para desbloquear los presupuestos «está lejos» si los socialistas no se avienen a sus propuestas de sacar adelante la Ley de Vivienda (encallada desde hace casi un año por la regulación de los alquileres) y de revisar al alza la fiscalidad para las rentas más altas y las sociedades (el mínimo del 15% en el IS que ya ha establecido Biden en su país y que se convierte en tendencia global).

Los presupuestos necesitarán asimismo otros apoyos parlamentarios para salir adelante, entre ellos los de Esquerra Republicana, cuyo portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido que «nadie dé por seguro el voto de ERC para nada», ha advertido. En este sentido, ha pedido pasos del ejecutivo en normas como la ley del audiovisual. Con anterioridad, ya había recurrido a la argumentación utilizada por Iglesias, en el sentido de que «si la izquierda española volviese a decepcionar, Vox y el PP, seguramente, llegarían a La Moncloa. Si Vox llega a La Moncloa significaría, seguramente, la ilegalización de ERC, CUP, Junts, BNG, Bildu, Unidas Podemos... y problemas muy graves para el PSOE». De ahí la necesidad, según Rufián, de que los socialistas favorezcan la posición de los nacionalistas que contribuyen a la formación de la mayoría gobernante.

Es evidente que todas estas cábalas políticas le resbalan a la opinión pública, que sí entiende perfectamente la necesidad de unir fuerzas en la tarea de reconstrucción de este país. Es muy lógico que los partidos que han de pactar unas cuentas públicas forcejeen para favorecer a sus respectivas clientelas, pero no se entiende demasiado que lo hagan en público y con tanta beligerancia. Y, desde luego, no se comprendería que no se alcanzase el indispensable acuerdo, del que depende realmente la recuperación de la economía.