El precio de la energía

También promovían los miembro de la coalición «acabar con la sobrerretribución (conocida como 'beneficios caídos del cielo') que reciben determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización, y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión». Finalmente, el acuerdo de gobierno también contemplaba «modificar la factura eléctrica» para «reducir el porcentaje que representa el término de potencia».

Prácticamente nada de todo esto se ha puesto en marcha todavía porque el año de gobierno conjunto no ha dado más de sí, y aun a pesar de la pandemia se han conseguido lanzar numerosas iniciativas legislativas, pero no esta. Lo cierto es que se mantiene el sistema de formación de precios que instauró el gobierno del PP tras el récord que se registró el 8 de diciembre de 2013, cuando el MWh alcanzó los 93,11 euros. Rajoy suspendió el sistema de subasta eléctrica e instauró el actual (también pidió a la CNMC una investigación de la que nunca más se ha sabido). En 2017, se produjo la crisis nuclear francesa y el MWh pasó de los 100 euros; Álvaro Nadal pidió a la CNMC otra investigación de la que tampoco ha habido noticias.

Y ahora se ha producido en las pasadas semanas la tormenta perfecta: la ola de frío ha reducido a mínimos las energías eólica y fotovoltaica y ha elevado extraordinariamente la demanda, que ha sido atendida por las centrales de ciclo combinado de gas natural. Pero el gas natural está por las nubes, por la fuerte demanda, por los problemas de suministro de Argelia y por el cierre temporal del canal de Panamá. Y ha llegado el cataclismo no solo a España sino a Europa y Asia. La electricidad en el Reino Unido o Japón ha superado los 700 €/MWh, y las cifras de España son parecidas en el resto de Europa, al menos en electricidad.

Lo cierto es que la estructura de la factura de la electricidad española es la responsable de que nuestros precios sean de los más altos de la UE. El precio mayorista de la electricidad representa en torno al 35% del recibo final, en el que el 40% corresponde a los peajes y el 25% al IVA y al impuesto de electricidad. En estas circunstancias estructurales y coyunturales, la subida media del recibo doméstico de la luz será del orden del 19% (habrá pasado de 68 a 80 euros).

Parece evidente que el sistema vigente, aunque capaz de explicar las tendencias a grandes rasgos, no tiene la transparencia que exige el consumidor, por lo que es precisa una clarificación, previa a una reforma lo más racional y consensuada posible. La industria de generación de energía es vital para el país y no puede ser tratada con arbitrariedad. Pero es necesaria una clarificación que, de paso, desmonte la lógica desconfianza que las eléctricas provocan en la ciudadanía.

La táctica de llevar a exministros y a expresidentes del gobierno a los consejos de administración de las eléctricas ha transmitido la sensación de que las compañías mangonean la legislación a su antojo y en propio beneficio con la complicidad subrepticia del poder político. Las cosas no son seguramente tan sencillas pero la opinión pública urge que se haga la más completa claridad entre en este sector. Tanto porque atiende un servicio público esencial cuanto porque la competitividad de nuestro país está en juego.