Portafolios

Eso que afecte al poder legislativo. Porque si acudimos al Ejecutivo, sea en el ámbito nacional o en el regional, la proliferación de altos cargos no cesa ni con la covid-19. De hecho, no hace ni quince días que ha aumentado el número de subdirecciones generales ministeriales, siendo los departamentos más beneficiados, precisamente los de Podemos (sí, sí, los que clamaban en su día contra la casta) los del vicepresidente Pablo Iglesias, el ministro Alberto Garzón y la ministra Yolanda Díaz. Al menos, cinco subdirecciones generales más, de a 70.000 euros anuales; multipliquen: 350.000 euros más del ala a añadir al incremento del 40% en cargos al crecer el Gobierno de Pedro Sánchez muy por encima del último de Mariano Rajoy. Pero esto de hacer un gobierno de coalición y aumentar de facto el número de altos cargos no es exclusivo de la izquierda y los llamados por la derecha extrema socialcomunistas. Castilla y León, con un gobierno de derechas de dos partidos, el PP de Alfonso Fernández Mañueco y el Ciudadanos de Francisco Igea (hay otro Ciudadanos en Castilla yLeón que no es de este), ya lo inventó en julio pasado: aumentó el 16% el número de altos cargos en las consejerías con el peregrino argumento de que como son de coalición necesitan más cargos (sic). Vamos que, a más partidos, más gente a colocar con nómina pública.

A todos estos cargos ejecutivos y legislativos hay que añadir un ejército de asesores, conductores de coches oficiales y escoltas. Pues bien, de una manera magistral, como corresponde a quien es un maestro del análisis económico y financiero, el profesor José María Gay de Liébana ha definido como 'industria política' al conjunto de dirigentes y sus correspondientes asesores que cobran de los impuestos públicos, con la consiguiente intendencia de coches oficiales, conductores y servicios de seguridad. El pasado miércoles, en el Foro Económico 'on-line' de El Norte de Castilla, el profesor Gay de Liébana desveló que la 'industria política' le cuesta a los contribuyentes españoles 25.000 millones cada año.

Pues bien, en esa 'industria política' hay una especie que va ganando población, la de los portafolios. El copyright de la denominación se debe a un miembro de la propia 'industria política', el portavoz de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, que define así a los correspondientes portavoces del PP y de Ciudadanos que en las comisiones y el pleno de la Cámara se limitan a leer lo que les preparan en la correspondiente Consejería de la Junta. Y, encima, la mayoría de las ocasiones lo leen de manera manifiestamente mejorable; es decir, que ni lo preparan.

Escuchando a reputados especialistas en economía y finanzas, como el propio Gay de Liébana, aunque la lista de expertos que barruntan lo que va a pasar es cada día mayor y de más prestigio, la crisis que viene va a ser terrible. La de 2008 a 2012 se quedará corta. Incluso se cifra en al menos 200.000 millones el coste del rescate que, sí o sí, tendrá que pedir España. Viendo y escuchando a los políticos estas semanas, hasta que no llegue ese infierno no entenderán lo muy alejados que están de la sociedad.