Políticamente pornográfico

Se mire donde se mire, hay carencias. Y más que vienen. No hay experto que no vaticine un futuro económico negro zaino para España.La OCDE ha señalado recientemente que este país encabeza la destrucción de empleo en Europa. Las previsiones de paro son aterradoras. Las 'colas del hambre' crecen a las puertas de los bancos de alimentos, las sedes de Cruz Roja y muchas ONGs. El propio consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ya ha avanzado que no hay que pensar en recuperación económica por estas tierras antes de 2022. Va a tocar apretarse el cinturón como nunca se esperó que hubiera que llegar a hacerlo. Todos.

¿Todos? No. Hay un estrato, el de los políticos, que no tiene pinta de que vayan a hacerlo con las retribuciones que reciben con cargo a los impuestos que abonan los contribuyentes. Centrando la mirada en la institución en la que descansa la soberanía de los castellanos y leoneses, las Cortes regionales, no hay noticias, ni de lejos, de que vayan a producirse bajadas de sueldos, dietas, sobresueldos y kilometrajes. Sus señorías son inmunes al crecimiento de las colas del hambre. Ya puede advertir Cáritas de que en las colas del hambre hay ya personas que hasta ahora eran contribuyentes a esta ONG, que ni por esa: los políticos de las Cortes siguen impasibles y sin visos de reducirse lo que cobran. Que es mucho. Veamos.

Cada uno de los 81 procuradores le cuesta a cada castellano y leonés, al mes, 7.510 euros (3.850 de subvención fija y 3.660 euros de subvención variable, que es igual de fija que la anterior), que gestionan sus grupos parlamentarios. De esos 81, hay además diez (Luis Fuentes, Marta Sanz y David Castaño de Ciudadanos; Francisco Vázquez, Óscar Reguera y Raúl de la Hoz del PP; los socialistas Ana Sánchez, JF Martín y Luis Tudanca, y Pablo Fernández, de Podemos) que reciben al año una retribución de 95.771,28 euros, de los que 73.211,28 son el sueldo anual y 22.560 un sobresueldo para gastos. Otros 10 (Virginia Barcones, Patricia Gómez, Nuria Rubio, José Luis Vázquez y Diego Moreno, del PSOE; Salvador Cruz y Miguel Ángel Nieto, del PP; Miguel Ángel González y María Teresa Gago, de Ciudadanos, y Luis Mariano Santos, de UPL), que cobran al año 90.491,28 euros, 73.211,20 del sueldo y el resto, a razón de 1.440 euros al mes, de sobresueldo para gastos). Hay otros tres procuradores (Consolación Pablos y Ángel Hernández, del PSOE, y Ramiro Ruiz Medrano, del PP) que perciben al año de sueldo 59.648,28 euros –estos sin sobresueldo– y todavía tiene el PP la posibilidad de asignar dos sueldos con sobresueldo (de los de 90.491,20 euros año) y otro de 59.648,28 euros.

Además, hay 58 procuradores que cobran 220 euros cada vez que son citados oficialmente a la Cámara y 20 céntimos por kilómetro. Por eso los plenos son de tarde y mañana: al abarcar dos días, las dietas son 440 euros por sesión. Y chirrían estos casos: el presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP, 74.857,92 euros de sueldo anual en la Junta); el vicepresidente Francisco Igea (Ciudadanos, 84.140,96 euros al año en la Junta) y los consejeros populares Carlos Fernández Carriedo (84.522,38 euros/año en la Junta), Ángel Ibáñez (80.724,80 euros anuales en la Junta) y Juan Carlos Suárez-Quiñones (88.694,78 euros/año en la Junta) que ya han cobrado este 2020 de media al mes 513 euros de las Cortes por ser a la vez procuradores.

Con solo uno de los sobresueldos anuales de un político de las Cortes, una enfermera como Andrea Gila completaría el coste de su doctorado. Y el personal sanitario que se juega el tipo cada día en centros de salud y hospitales a causa de la covid-19 podría recibir mejor salario que el que tienen. ¿Demagógico? ¡No! Para los difíciles tiempos en los que estamos, y los peores que vienen, hay retribuciones políticas (¿por qué sobresueldos y dietas a quienes ya reciben salarios públicos altos?) que resultan de todo punto tan inaceptables e indefendibles, que se muestran pornográficas e insultantes.