Henar Sastre

Los planes ideológicos del agua

La trilla ·

«Trece de las quince provincias que han perdido más población en la última década, se corresponden con las que tienen menos superficie de regadío»

Juan Quintana

Valladolid

Viernes, 16 de octubre 2020, 08:20

El consumo de agua en el sector agrario se ha reducido un 22% en casi veinte años, de acuerdo con los datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), pasando de 22.200 millones de metros cúbicos en 2000 a 17.300 en 2018. Este ... dato adquiere más valor si se considera que la superficie de regadío ha ido aumentando progresivamente. En el mismo periodo se ha elevado un 64%, siete puntos porcentuales en la última década, hasta situarse en 3,8 millones de hectáreas.

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Castilla y León disponía de 465.583 hectáreas irrigadas en 2019, lo que representa el 31,1% de su superficie cultivada y el 4,5% de la superficie total de la región. De ellas, el 35,2% por aspersión, el 32,7% automotriz y un todavía muy elevado 25,5% que se aplica a manta.

Si bien es cierto que en España el consumo de agua en el sector agrario representa casi el 70% del total, estos datos muestran de forma clara la mejora de su eficiencia. Sin embargo, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha recordado que apenas se ha ejecutado el 19% de las inversiones públicas previstas para este fin en los planes hidrológicos.

Más allá de la producción eficiente de alimentos, el regadío contribuye a paliar el cambio climático, al ser un gran sumidero de dióxido de carbono y, debido a la fotosíntesis que desarrollan estos cultivos, genera ingentes cantidades de oxígeno. Además retienen suelo, reducen la erosión y ralentizan el creciente problema de la desertificación.

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Otro efecto llamativo es su contribución al mantenimiento de la población rural. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), trece de las quince provincias que han perdido más población en la última década, se corresponden con las que tienen menos superficie de regadío. Es por tanto importante que los planes hidrológicos no se conviertan en meros planes ideológicos y, para ello, reactivar las inversiones públicas debería ser un objetivo prioritario.

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