Perspectiva de Estado a largo plazo

En los dibujos fundacionales de la Carta Magna, que después han explicado sus redactores (léase el magnífico libro definitivo de Óscar Alzaga, 'La Constitución de 1978'), se pretendía que la Constitución fuera flexible pero que las sucesivas revisiones se obtuvieran por consenso de las dos visiones naturalmente enfrentadas del porvenir patrio. Ya en 1978 se adivinaba que, a través de la proporcionalidad corregida mediante la Ley d'Hond, se turnarían una izquierda socialdemócrata, con o sin el estrambote del PCE, y una derecha inicialmente neofranquista que se iría volviendo democrática con el roce con las demás en las instituciones.

Tal argumentación se admitió tácitamente y se desarrolló en la práctica hasta la gran convulsión electoral de 2015-2016 que representó la voladura del viejo modelo y el surgimiento de un grupo de cinco partidos estatales en una dispersión caótica y alarmante. No tanto por el desorden, ni por la inestabilidad que aquella revolución representativa acarreaba, sino porque el nuevo esquema incluía valores ideológicos que muchos ciudadanos de la derecha y de la izquierda suponíamos finiquitados y enterados. Durante la larga etapa anterior, solo hubo un diputado de extrema derecha en el Parlamento Español hasta la llegada de VOX: Blas Piñar. Y ahora resulta que, en teoría, un 15,2% de los votantes, casi 3,7 millones de personas, se declaran nostálgicos de Franco y comulgan con idearios racistas, homófobos y xenófobos.

Pero el proceso político y social avanza a pesar de los incidentes en el camino, y es claro que se perfilan en el horizonte dos problemas de entidad que, de no resolverse, podrían tener un desenlace convulso y complejo que nos obligaría a procurarles un desenlace constitucional mediante una reforma pertinente y acordada, que de paso resolviera los anacronismos y disfunciones de menor entidad que contiene la Carta Magna, lógicamente envejecida en algunos aspectos (e indemne en los más).

En concreto, este país tiene a la vista dos arduos asuntos que tendrá que encarar, previo derroche de inteligencia política para que las crisis no desemboquen es diferendos trágicos como los que hemos traído uncidos a la historia absurda de este país. Con Cataluña, habrá que negociar antes o después con apertura de miras y con lealtad, con el fin de encontrar una fórmula federal o confederal que preserve y perfeccione la unidad de España en lugar de desolarla como viene pasando en los últimos años.

Y con la Corona, habrá quizá que encontrar una vía en la que el rey emérito se responsabilice abiertamente de cuanto haya podido generar responsabilidad política, ética y moral, porque no acaba de entenderse que, después de la delicadeza que este país está mostrando al digerir unas indecentes corruptelas de baja estofa, la fiscalía que señala educadamente los problemas sea amonestada duramente por el señalado. Muchos pensamos que don Felipe VI debe salir indemne de la prueba, pero es patente que sus peores enemigos no están en la política ni en la calle sino en su entorno más cercano.

Pues bien: en la conducción de estos asuntos graves, que puede ser que ni siquiera sangren ni giman porque el buen sentido de las partes implicadas termine imponiéndose, es de ley que el PP y el PSOE, que juntos suman 209 escaños, estén de acuerdo, aunque discrepen en todo lo demás. Y este acuerdo -conviene decirlo cuanto antes- no se logrará si el PP cede a Vox una parte de su primogenitura. UP, que tiene la misma alma que IU no tratará de producir una regresión; Vox sí nos quiere alinear con la escoria de Europa, con la que fue rechaza con firmeza por la conservadora Merkel, que se marcha del poder en olor de multitudes dejándonos a todos los europeos en penosa orfandad moral. Conviene que tengamos las ideas claras por si llega el caso.