Caso La Perla, descrédito judicial

Nueve años de instrucción, miles de horas de trabajo invertidas por empleados públicos y privados y decenas de miles de folios consumidos en instruir la denuncia sobre la corrupción en la adjudicación del edificio conocido como La Perla Negra. ¿Y para qué? Pues de momento, ... para poco. La suspensión del juicio, que no se reanudará, como pronto, hasta el próximo otoño, pone sobre la mesa las deficiencias de una administración de Justicia que en demasiadas ocasiones se aleja de lo que debería ser. Que la causa de este aplazamiento sea que una fedataria pública no ha certificado que todas las partes tuvieran acceso a las diferentes aristas de la instrucción es grave. Y es de esperar que se reclamen responsabilidades por el dinero público que ha quedado malgastado. Pero mucho más grave es que, advertida en numerosas ocasiones por los letrados y hasta la fiscal esa falta de documentos de la instrucción, nadie las solventara. Fuera por inacción, omisión o dejadez, que un asunto de este calado se frene en seco cuando va a juzgarse solo produce descrédito a la institución y recelo en los administrados. Y ambos son lujos que no nos deberíamos permitir.