El consenso educativo de Moyano

Abogado, periodista (dirigió El Liberal y se apoyó en El Norte), banquero (fundó Caja de Ahorros), economista, décimo propietario mayor contribuyente zamorano, miliciano, anticarlista, antiesparterista, pedagogo, catedrático, alcalde, diputado 15 veces por Zamora, Toro y Valladolid (1843-90), senador universitario y vitalicio, rector de Valladolid y Madrid y ministro de Fomento con Lersundi, Narváez y Arrazola.

Vivió todas las variables del liberalismo: Doctrinario, progresista, moderado, unionista y conservador. Formó redes clientelares y cacicatos en Valladolid y Zamora, con favores, ferrocarriles (Medina-Zamora), carreteras (Valladolid-Zamora), canales (Rioseco-Toro), reformas urbanísticas e inversiones harineras. Hizo tirante crítica a Bravo Murillo, Narváez, Lersundi, Madoz, Serrano, Cánovas e incluso al príncipe Alfonso.

Afable, de sólida formación casi del siglo XVIII y caritativo al mantener a 40 pobres. Su tez oscura y enorme boca eran de apariencia poco grata: «Con prudencia rara/sin mostachos/causa susto a los muchachos/que lo miran a la cara». Desplazó a un feo conserje de Fomento y dijo que a feo no le ganaba nadie en el ministerio.

Logró apoyos populares, recibió regalos oficiales, nombres de calles, estatuas y cuestas de libreros que le dieron popularidad. Modernizó Madrid, mejoró la Universidad de Valladolid (biblioteca universitaria, gabinete de Física en Historia Natural, laboratorio de Química e instrumental médico-quirúrgico), recuperó la cerrada Facultad de Medicina y defendió el proteccionismo de la Liga Agraria. Hizo vida común en colegios profesionales, consejos, comisiones, juntas y academias (Purísima Concepción, Ciencias Morales y Políticas, Jurisprudencia).

Se le ha llamado enciclopedista por basar el progreso del país en la formación del individuo y por ser un pionero del pacto de Estado por la enseñanza. Su Ley de Instrucción Pública de 1857 dejó un legado de acuerdo en las leyes del sistema educativo español hasta la de Villar Palasí en 1970. Coincidió con el progresista Alonso Martínez para firmar una ley de bases previa que evitara debates de partido y solucionara las necesidades de España, entonces un país europeo con alto analfabetismo.

Aguantaron su reforma educativa los más afectados por ella, la Iglesia que mantenía su presencia docente pero perdía su exclusividad y los neocatólicos extremos que preferían la educación confesional. Al subrayar el papel homogéneo del Estado, la ley perduró con Amadeo de Saboya, I República, Restauración, II República y Guerra Civil. En más de 80 años la educación pública no se cambió sólo por posiciones partidistas.

La enseñanza reprodujo la triple escala espacial del Estado, la local con la primaria en los ayuntamientos, la provincial con la secundaria en las capitales y la superior en el Estado central. Eran las Cortes las que aprobaban el plan centralizado de estudios y de libros de texto. Concedió también permiso a las escuelas privadas, pero siempre integradas en el sistema general.

Las escuelas y maestros de primaria tenían problemas urgentes de deudas y bajos sueldos. «Yo soy un profesor desventurado/que en tono plañidero y vergonzante/he pedido mil veces suplicante/el sueldo que mil veces me han negado». La asistencia de niños era muy baja y la sociedad debía aprender a valorar la escuela. Por ello, la ley la estableció como obligatoria de 6 a 9 años y gratuita para los necesitados. Fijó textos de agricultura, geometría y física para los niños, pero diferenció a las niñas al formarlas en las labores propias de su sexo.

Acercó la enseñanza a la sociedad al crear en las capitales de provincia una Escuela normal de Magisterio y un Instituto de Enseñanza Secundaria. Inició la formación, oposiciones y cuerpos del profesorado de la enseñanza pública. Planteó unos tímidos intentos de participación social.

La Universidad dejó de depender de la Iglesia, se hizo estatal. A ella incorporó nuevos estudios técnicos. Pero mantuvo su elitismo, sin buscar el acceso de las clases medias. Entre los diez distritos universitarios, el vallisoletano abarcaba Álava, Burgos, Guipúzcoa, Palencia, Santander, Vizcaya y Valladolid. La Universidad de Valladolid apenas tuvo 500 alumnos en el XIX, mil en 1900 y dos mil en 1925. Medicina copaba el 60% y Derecho el 40%, porque Ciencias y Letras eran solo auxiliares.

El consenso de Moyano destaca comparado con las ocho leyes de educación de los 50 años democráticos, redactadas para derogar la anterior: UCD contra Palasí en 1980, PSOE contra UCD en 1985, PSOE contra PSOE en 1990, PSOE contra PSOE en 1995, PP contra PSOE en 2002, PSOE contra PP en 2006, PP contra PSOE en 2013, PSOE contra PP en 2020. Volverá a derogarla el PP. A esta pugna temporal se añadió la oposición interna de 17 autonomías, que redactaron historias enfrentadas entre sí, descalificadoras del vecino, vencedoras de sus ataques y creadoras de un relato histórico que exalta la propia superioridad.

Ley contra ley e historia contra historia. Ni bipartidismo, ni populismo, ni nacionalismo, ni coaliciones democráticas admiten el consenso educativo.