En la crisis de 2008-2014, la Unión Europea rescató a varios países, y también al sistema financiero español, pero la nuestra fue una operación muy menor con respecto a las que sufrieron Irlanda, Portugal y sobre todo Grecia. El rescate de Grecia, un pequeño ... país pésimamente gobernado que había ocultado su deuda real ante las instituciones europeas fue literalmente sanguinario. Se allegaron los recursos para ello, pero a cambio de un plan drástico de ajustes que supuso recortes brutales de las pensiones y de los salarios públicos, la elevación del desempleo hasta el 30%, la enajenación de la mayor parte del patrimonio público y la reducción rápida y lesiva del déficit estructural, todo ello controlado por la 'troika' (los famosos 'hombres de negro'), un comité de vigilancia formado por representantes del BCE, el FMI y la Comisión Europea. Todo aquel martirio -hubo un descenso radical del nivel de vida de los griegos- fue gestionado por la izquierda de Tsipras, ya que la derecha se había desprestigiado tanto por su comportamiento anterior a la crisis que quedó descartada. Para afrontar aquella profunda crisis, se creó el Organismo Europeo de Estabilidad (MEDE), previsto para otorgar ayudas condicionadas, al estilo de las que históricamente ha concedido el FMI.
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Ahora, la crisis causada por la covid-19 no se ha debido ni al mal funcionamiento del sistema financiero ni al despilfarro de malos administradores, sino a una catástrofe natural de la que nadie es culpable. Y ello ha sido entendido por los países grandes de la UE y por las principales instituciones, de forma que las ayudas que se presten a los más afectados -Italia, España, Francia-, propuestas solemnemente por el eje francoalemán, adelantadas en forma de medias expansivas por el BCE, tienen que ser en buena parte a fondo perdido y no pueden quedar sujetas a la rígida condicionalidad de antaño porque las víctimas, esta vez, son países disciplinados y solventes. Esta misma semana, el Consejo Europeo debe aprobar el plan de la Comisión, que consiste en aportar 750.000 millones respaldados por los presupuestos comunitarios, de los que dos tercios serán subsidios y el resto créditos, y cuya única condición es que se apliquen a restañar las heridas económicas y sociales causadas por el coronavirus. De ese dinero, a España le corresponderán 140.000 millones.
La propuesta habrá de abrirse paso a pesar de la dura oposición de los países frugales -Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca-, que son los que más se benefician del 'dumping' fiscal que realizan al alojar a bajos tipos fiscales a grandes compañías multinacionales. Pues bien: el PP se ha sumado claramente a la posición de estos países en el seno del Partido Popular Europeo, cuyo líder, el alemán Manfred Weber, ha afirmado con hosca dureza que no está a favor ni de las subvenciones ni de la entrega descontrolada de recursos a los países del sur, esos parásitos que despilfarran y acumulan déficit sin el menor rubor.
El portavoz de los populares españoles, González Pons, ha tratado de suavizar su posición ante los medios: «Control, sí. Y más de tanto dinero. Recortes, no». Pero la realidad es la que es: la posición del PP, encaminada a desairar al Gobierno español, perjudica en realidad a España. Como la perjudicó aquella inicua acusación de Aznar a González cuando le llamó «pedigüeño» en 1992, mientras el presidente socialista negociaba a cara de perro los fondos estructurales y de cohesión, gracias a los cuales este país salió definitivamente del subdesarrollo.
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Se atribuye a José Calvo Sotelo, líder de la derecha antirrepublicana durante la Segunda República, asesinado inicuamente por pistoleros cinco días antes de que estallara el levantamiento militar de 1936 que dio origen a la Guerra Civil, la frase «antes roja que rota» referida a España. Sin establecer odiosas comparaciones, que no vienen al caso, es curioso comprobar cómo la derecha actual parece pensar lo contrario. Aunque el rojo actual de nuestra izquierda esté muy desvaído y ya no pretenda como entonces un gran cambio de régimen.
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