La patrimonialización corrompe

En la política es donde se percibe mejor este comportamiento, es el lugar ideal para analizarlo: se gestiona un bien que no es propio, se tiende a permanecer largo tiempo en el poder, se visualiza fácilmente y se puede hacer un fácil seguimiento y una mejor comprobación.

Cuando un cargo público accede por primera vez a su nueva responsabilidad, suele llegar con una disposición humilde ante lo desconocido. Pero cuando sus propios colaboradores le muestran sus poderes y le ponen a su firma la decisión de otorgar una subvención a la empresa X, contratar una campaña de publicidad con la agencia Y, encomendar un proyecto al arquitecto Z y otorgar una licencia al empresario H, al principio lo firma sin hacerse planteamiento alguno. Pero al cabo del tiempo, se dice a sí mismo: A este empresario le voy a meter un millón de euros en el bolsillo, a este arquitecto doscientos mil, a esta empresa, a esta agencia de publicidad… Y cuando este pensamiento se repite y se repite, el político va patrimonializando su poder y acercándose peligrosamente al pantanoso terreno de la corrupción.

Y es que, cuando uno se siente dueño de lo que administra, se siente con derecho a reclamar su parte, y eso solo se consigue con el paso del tiempo, cuando se incurre en este principio que estamos desgranando. Pero no crean que esto se produce exclusivamente en el terreno de la política. Usted, querido lector, es posible que esté incurriendo de alguna manera en este principio. En las relaciones de familia se produce muy a menudo; piénselo y lo comprobará. Algunas instituciones longevas, y quizás por eso lo son, tienen muy presente este principio, de ahí que no permitan que sus mandos se eternicen en el cargo: son ejemplos de ello la banca, la Iglesia y el ejército, mientras son ejemplo de lo contrario la Universidad, la Judicatura y la propia Administración Pública.

El mundo de la Judicatura también sufre esta lacra; aquí el bien que se gestiona es la justicia. Los jueces, en puridad, deberían administrarla de la forma más aséptica posible, escuchando los argumentos de los abogados, y en su caso del fiscal, y obrar en consecuencia, aplicando la ley como norma básica de actuación. Es decir, deberían ser siervos de la ley e instrumentos al servicio de ella. Pero con el paso del tiempo, algunos jueces se olvidan de esta norma básica y se creen convencidos de que ellos mismos son la justicia. Se sienten con la sabiduría y el poder del rey Salomón. Aparecen entonces en su mente las inclinaciones de afecto o rechazo hacia determinados colectivos o personas. Y al actuar así, retuercen la norma para ajustarla a su ideología, anteponiendo sus propios criterios a la honesta interpretación de la ley.

La patrimonialización del bien gestionado está de permanente actualidad con las pretensiones de algunos políticos que actúan como dueños de lo que administran. De forma destacada se encuentra la Cataluña independentista. Qué término más bonito en sí: independentista. El término equivale al de separatista, pero este tiene una connotación negativa de la que huyen sus promotores. Otra vez la propaganda interesada. La clave del debate de los separatistas se centra en si son dueños de lo que administran o no lo son. Ellos creen que sí lo son, pero se topan con quien debe determinarlo: la Constitución. Siendo indudablemente así, es evidente que su esfuerzo por conseguirlo está mal orientado: en vez de convencer a los suyos de las bondades de una Cataluña independiente, deberían convencernos al resto de los españoles de las ventajas que tendría una España sin Cataluña. Esa sería la única vía para cambiar las leyes y conseguir su objetivo.

Finalmente, otra de las características más típicas del político que incurre en la patrimonialización del bien gestionado es la de pretender aferrarse al poder. Quien lleva en el cargo un tiempo considerable lo considera tan suyo, que no se resigna a cederlo, y le parece un ultraje que otra persona vaya a sentarse en su despacho y tome las decisiones que durante tanto tiempo le han correspondido tomar a él. En muchos países algunos dirigentes que han superado los años de mandato, pretenden con referéndum y cambios en la Constitución mantenerse en el poder. Esa misma aspiración es la que ha llevado en marzo de 2020 a Pablo Iglesias a proponer a su militancia que los mandatos, incluido el suyo, puedan durar más de doce años. Seguro que Unidas Podemos fijó este límite en su día para que nadie patrimonializara el poder.