Sí que pasa

La orden PCM/1030/2020 por la que se publica el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional ha suscitado una lógica polvareda política y mediática porque con ella el Gobierno ha situado a Iván Redondo, experto en marketing electoral y mano derecha de Pedro Sánchez, quien más influye en sus decisiones, un todopoderoso valido de Moncloa, al frente de una comisión que, entre otras cosas, determinará qué noticias son verdad o mentira y cuáles suponen o no una amenaza para la democracia española. Habría que reírse si no fuera por la gravedad de lo que, en el fondo, se plantea aquí: que el Gobierno, parte actora interesada en el debate público, tendrá facultades para operar e intervenir en algo consagrado por nuestra Constitución como es la libertad de expresión. Esa orden responde a una iniciativa europea que pretende limitar la capacidad de algunos países, como Rusia, para introducir 'fake news' que condicionen la limpieza de nuestro sistema democrático, basado en una opinión pública razonablemente informada.

Juzgue el lector por sí mismo. Si acaso, que estas cosas pasan factura, claro que lo hacen. Como enmendar una ley de educación para que se desvista al castellano de su condición de lengua vehicular del Estado. Como proponer reformas en el procedimiento de elección del Consejo General del Poder Judicial que chocan de lleno contra los estándares de independencia que establece la Unión Europea. En este país, desde hace años, todos los partidos que gobiernan, sin excepción, han abusado una vez tras otra de los márgenes de poder e impunidad que les conceden las leyes, la ausencia de ellas o su alto grado de interpretabilidad. El debate se ha polarizado de tal manera que la ciudadanía ha quedado huérfana de referentes y salvaguardas a sus libertades en el ancho y peligroso desfiladero que hoy representa el centro y las políticas de consenso.