¿Y si paramos y hacemos algo responsable?

Aún faltan meses para poder respirar el aire fresco de la salida. Pero lo poco que ya se puede inhalar a través de las mascarillas aparece denso y maloliente. La sesión del pasado miércoles en el Congreso fue irrespirable. La política también precisa de su propia desescalada. Se verá al final. Seguramente volverán los remedios sin complejos. En realidad nunca se fueron. La reforma de la Constitución es un clásico de la mayor importancia. Ahí se replantea desde la forma de Estado hasta la conveniencia de continuar con el 'café para todos'. No falta quien amaga con la devolución de las competencias autonómicas. Es taxativo y algo oportunista. Aparece cuando asoman graves problemas presupuestarios y de financiación en materias de enorme interés social como la Sanidad, Educación o Justicia. Una recentralización, en palabra más amable, avalada intermitentemente por el líder popular, Pablo Casado, obligado al funambulismo político para distanciarse de Vox. La extrema derecha y su electorado exige directamente la abolición de las autonomías.

Acción y reacción. Hace tiempo que los secesionistas periféricos pasaron a la ofensiva cuestionando el despilfarro que supone la coexistencia de los ministerios de Sanidad, Cultura y Educación con las consejerías equivalentes de cada comunidad. Aseguran que producen duplicidades y prestan servicios innecesarios que contradicen el principio de austeridad.

Las circunstancias obligan a emplear medidas firmes sobre el déficit autonómico y la contención del gasto por parte del Estado en su conjunto. En torno al 70% del presupuesto de las 17 comunidades se emplea en financiar la Sanidad, Servicios Sociales y Educación. Tamaña proporción invitaría a pensar en una improbable apoteosis socialdemócrata en la Meseta. No hay ideología que valga. Solo una tupida red clientelar en la que la eficacia es menos importante que la afinidad. ¿Es oportuno plantear este debate competencial en medio de la catástrofe sanitaria y social que padece España? Por supuesto. No cabe otra.

Castilla y León hizo todo lo posible para no asumir las competencias en Justicia. Fue una devolución en origen. Se veía como un engorro y además caro. En eso se estuvo de acuerdo con Esperanza Aguirre. La lideresa pretendía devolver la administración de Justicia a Rajoy. Según decía, su Gobierno regional había quintuplicado los fondos destinados a la Justicia: «sin que se viera mejoría alguna», se lamentaba Aguirre. Claro que antes debería precisar qué entiende ella por «mejoría». ¿Más independencia de jueces y magistrados?

Existen dos procedimientos constitucionales que pueden utilizarse para recolocar competencias. Cosa distinta es que fueran viables. La primera vía consistiría en desandar el camino andado. Algo muy difícil a estas alturas, se ha ido muy lejos. Debería celebrarse una reunión concertada de las 17 comunidades autonómicas con objeto de que sus asambleas legislativas se pusieran de acuerdo en reformar estatutos. Es decir, suprimir competencias y devolverlas al Estado central. Al tratarse de leyes orgánicas, tiene que presentarse en el Congreso de los Diputados una proposición legislativa de reforma estatutaria. Las competencias no asumidas por las comunidades corresponden al Estado según la Constitución. La iniciativa de devolución es propia de la voluntad de las autonomías. Ponerlas de acuerdo parece un reto imposible.

La segunda vía sería la de un gran pacto de Estado para abordar una reforma constitucional con las disposiciones transitorias necesarias para proceder a la nueva redacción de los estatutos. La Constitución establecería qué materias son intransferibles, y en una disposición transitoria se detallaría el proceso de adaptación, es decir, de devolución. Reformar la Constitución requeriría disponer previamente de un consenso político y social muy mayoritario. Otro reto imposible.

Aún queda la argamasa de los procedimientos de cohesión. Da igual. No existen. No se quiere que existan. Y algunos intentos fueron bochornosos y tremendamente útiles para los planes de los secesionistas. ¿Cómo es posible que no haya cuajado nunca en España un pacto nacional de Educación?

Cuando esto acabe habrá que discutir y concertar sobre el Sistema Nacional de Salud para que el Ministerio de Sanidad, ahora sin músculo, recupere su actividad a través de una Agencia Estatal de Salud Pública, con poder suficiente para coordinar y poner en común los esfuerzos, necesidades y capacidades de todas las comunidades autónomas. Se trataría de situar en primer plano y en todo el territorio sus objetivos eminentes de cohesión, coordinación y eficiencia. La imagen que ha ofrecido el Ministerio en los últimos años es la de una administración estatal que ha declinado sus competencias de supervisión y coordinación. Carece de la fuerza y los medios para sostener el paraguas de la igualdad para todos los españoles.

Otra cosa será encontrar remedio a los problemas de fondo. Es el momento de la gran política, la que tanto se echa de menos. La que muchos políticos profesionales jamás han practicado. Esta vez no deberían admitirse regateos partidistas ni miradas de corto plazo. La grave situación social-sanitaria por la que actualmente se camina puede representar el escenario fiel de los nuevos acuerdos. Así debería ser, pero nadie sabe cómo será. No hay que ser un politólogo de alta cuna para saber cómo se atajan los conflictos. Como en la desescalada también en tres fases. Primera, retirar los insultos. Segunda, renunciar cada partido a su programa de máximos, y tercera identificar lo que une, señaladamente el paro y la crisis, y trabajar sin descanso en ello. Otras medidas accesorias incluirían el confinamiento sin franjas de los gurús y estrategas de partido, los Redondo y MAR, entre otros iluminados, para que con su silencio contribuyan al sosiego previo de las grandes decisiones. En definitiva. ¿Y si paramos y hacemos algo responsable?