Sin papeles, pero ciudadanos

Lo que se deduce del reproche es que alguien que llega sin papeles, por mucho pasaporte nacional que exhiba, nunca será de los nuestros, es decir, nunca podrá ser el representante de un país que no es el suyo de origen sino de elección. Será un español de segunda, pues carece de los componentes raciales y étnicos para ser un español de casta. El mensaje de la airada diputada era claro: para ser nacional de primera –lo mismo que para ser cristiano viejo– importa más la sangre que la voluntad. El pasaporte es un papel; la sangre, empero, un destino.

Más allá de la anécdota, estamos ante una reacción que revela las entrañas de un casticismo español que suele acompañar a la derecha española. Se le podría recordar a la diputada ultrsaconservadora que sus ancestros llegaron a Cuba como e-migrantes y que volvieron a España como in-migrantes. Todos pues emigrantes y quizá hasta simpapeles. Pero el fondo de la cuestión va más lejos: ¿Puede, en efecto, un negro venir a España sin papeles? Y, luego, ¿basta la nacionalización para ser representante político o hay que ser un pata negra desde el punto de vista étnico y racial?

Entrar en España sin papeles puede ser una ilegalidad (no lo es si quien llega es un menor, por ejemplo), pero, cuando se viene huyendo de la miseria o de la guerra, el problema lo tiene, según las leyes internacionales y según la moral, el Estado que les rechaza y no el ser humano que llega como puede. En ese caso, que es el de Serigne Mbayé, se enfrentan un derecho humano y una ley nacional. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce, en efecto, el derecho a la emigración pues «toda persona tiene derecho a salir de su país». Cualquiera puede dejar su país y buscarse otro. Que luego haya leyes nacionales que regulen ese derecho (casi siempre limitando su alcance), no anula el derecho humano a la emigración. Es comprensible que haya tirantez entre lo legítimo (el derecho a salir) y lo legal (el derecho a entrar), pero el problema moral lo tiene el Estado que limita el derecho humano.

Eso explica que incluso aquellos estados que, como España, extreman las dificultades para entrar, vayan abriéndose al que llama a su puerta y se hagan cargo del que llega pidiendo ayuda. Para empezar sigue valiendo, de acuerdo con el filósofo Kant, «el derecho del extranjero a no ser tratado hostilmente por el hecho de haber llegado a un territorio donde hay otro». Un deber humano, pues, de hospitalidad y no de hostilidad. Pero es que ya no hace falta ser español, ni siquiera tener papeles, para recibir determinadas atenciones sanitarias o educativas. Poco a poco se va imponiendo lo legítimo sobre lo legal, la moral sobre el derecho. Como ese es el camino que van recorriendo los países más desarrollados, la postura de la diputada de Vox no solo carece de memoria familiar sino que va sencillamente a contracorriente de la historia.

La inmensa mayoría de los emigrantes a lo largo de los siglos –incluida la de españoles a América o a Alemania– llegaban sin papeles. Si al que carece de la documentación pertinente se la diera un portazo, lo que estamos diciendo es que los papeles son más importantes que el hecho de ser humano. Presentarse ante los demás sin más documento que ser humano, sería tanto como no ser nada. Esa actitud tuvo en el siglo pasado consecuencias desastrosas, pues se pasó sin dificultad de no ser nada a ser superfluo, a estar de más o a ser sencillamente exterminado. Con razón acusó Mbayé a la representante ultra de racista: el que llega en patera no es considerado ser humano, es decir, un sujeto de derechos humanos sino un cuerpo envuelto en una piel negra.

Pero Mbayé no solo obtuvo papeles de residencia sino la nacionalidad española. La diputada de Vox cuestiona su representatividad política: ¿Será que hay españoles de primera y de segunda? Resuena en sus palabras la maldición de las dos Españas. Viene de muy atrás la obsesión por identificar España o lo español con una serie de características casposas que colocan a quien no las comparta, en la antiEspaña. Lo que la extrema derecha reprocha a Mbayé es «venir de fuera», es decir, no haber nacido aquí, no ser de los nuestros ni en sangre, religión y cultura. Como tantas veces recordó Américo Castro, asoma en ese casticismo aquella identificación inventada de lo español con lo católico. Un español de bien, como recordaba Franco a Unamuno que se interesaba por la suerte de su amigo, el pastor anglicano Atilano Coco, no puede ser protestante ni masón ni –como hubiera añadido la Inquisición– guisar con aceite en vez de manteca, o ser aficionado a las letras. Por eso fue «paseado» y es uno más de los muchos desaparecidos.

La ciudadanía de Mbayé , como la de quien tenga ocho apellidos castellanos (si es que eso es posible), no tiene que ver ni con la sangre, ni con la tierra, ni con la religión, ni con la lengua, sino con el ser humano. Son derechos humanos que el Estado reconoce pero que no los crea. Por eso la palabra de este ciudadano que llegó ilegalmente tiene la misma autoridad que la de quien nació en el barrio de Salamanca de Madrid.

Lo que inquieta de estos voceros de la extrema derecha es su soberbia supremacista basada en el error de confundir nacionalismo con democracia. Se dicen nacionalistas y todo nacionalismo, también el español, tiene un inconfundible sabor racial (por eso desprecian el color de la piel, por ejemplo) y étnico (su culto a la España del cristiano viejo). Eso les hace creer que son superiores al precio de olvidar que el impulso moral de la democracia bebe de otra fuente: los derechos humanos. La noble tarea de la política consiste en rebajar aquello que, como la raza, animaliza, y potenciar esto que, como la elección, humaniza.