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La amenaza colectiva suscitada por la pandemia de coronavirus ha generado espontáneamente una tendencia a la solidaridad interna en nuestro país, ya que parecía lógico que se unieran las fuerzas de los distintos territorios para combatir al enemigo común. En 2004, Rodríguez Zapatero, que ... llevaba en su programa una reforma constitucional mesurada, que recibió el respaldo del Consejo de Estado pero no llegó a plasmarse por la imposibilidad de reunir el consenso necesario en aquel caldeado ambiente político, ideó la Conferencia de Presidentes, que de algún modo desempeñaría el papel del Senado, que con algunos retoques habría de ser la verdadera 'cámara de representación territorial' según prescribe la propia Constitución. Aquella Conferencia se había reunido seis veces antes de la presidencia de Pedro Sánchez, pero el representante catalán, Artur Mas, ya no fue a la de 2012 y el lehendakari abandonó el foro a la siguiente, lo que dejó en la práctica inservible la institución. De hecho, nacionalistas catalanes y vascos dejaron de asistir a todas las instituciones multilaterales, y tan sólo acudieron a honrar la memoria de Adolfo Suárez en sus funerales de Estado en 2014.
Sin embargo, cuando Pedro Sánchez convocó el 14 de marzo pasado la conferencia telemática de presidentes el mismo día en que se declaraba el estado de alarma, todos los gobernantes sin excepción acudieron a la cita, y volvieron a estar presentes sin faltar uno solo en el conjunto de las 14 reuniones dominicales que concluyeron el 14 de junio. En aquella fecha, el presidente Sánchez anunció para julio otra reunión, esta vez presencial, que todavía no se ha convocado pero que se da por segura en lo que queda de mes. Y, por supuesto, todos los presidentes autonómicos han acudido al homenaje oficial a las víctimas de la covid-19 en el sobrio acto presidido por el Rey el pasado jueves.
En algún momento, habrá que reformar y mejorar el Estado de las Autonomías y el papel correspondiente del Senado, pero mientras tanto el sistema puede funcionar si se aplican la buena voluntad institucional, el sentido común y el criterio de subsidiaridad: las competencias deben residir en el nivel territorial más eficiente. Es lógico que las autonomías gestionen la sanidad, pero también lo es que el Estado asuma la coordinación en momentos de extraordinaria gravedad. Pero la cogobernanza tiene que ser real, no una simple palabra.
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