A fin de rebajar las penas a los condenados, imputados y fugados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, el Gobierno ha propuesto la supresión del delito de sedición presentando proposición de Ley orgánica para derogar el artículo 544 del Código Penal, ... modificar el 557 y crear un delito más 'suave' de «desórdenes públicos agravados». De aprobarse el cambalache semántico, la causa sobre el independentismo de aquella infausta noche de autos se archivaría y todos tan contentos.

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Ahora andan también en ERC metiéndole mano a un nuevo cambio legislativo sobre el delito de malversación, otra cuestión palpitante del universo indepe que, de salir adelante –que parece que no– y beneficiar a los hoy condenados, sentaría jurisprudencia. La separación de poderes en este país la llevan muy mal algunos, que creen que ley –y madre– no hay más que una, que es la que los parió y después parieron ellos.

Adaptar las leyes a las necesidades delictivas de sus señorías ya es normal, igual que los españoles nos vamos haciendo a la nueva 'anormalidad' de abusos de poder, dislate generalizado, subida del coste de la vida y bajada del poder adquisitivo del personal, y la santa hermandad de la cofradía del trinque, a la que le pagamos su generosa soldada. La ética, casi siempre, es una ordinariez, y los que respetamos las leyes castellana y espartanamente, un hatajo de ordinarios y de primos.

No es cosa de condenar a toda la clase dirigente, ni de que Griñán y otros siete secuaces vayan a la trena en ocho días. Hay que tener, cuando menos, un arrebato ético de postureo, y luego ya una ética de temporada o incluso de entretiempo, que llegan las navidades y no es bueno que el político esté solo (ni con su colega de celda). Que más vale ahora –cara a las elecciones– pájaro volando que ciento en chirona.

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