El apoyo del PP, Vox y Ciudadanos permitió ayer al Gobierno aprobar la tramitación parlamentaria de su proyecto de Ley de Seguridad Nacional frente a las enmiendas a la totalidad presentadas por ERC y Junts. El texto solo modifica un artículo de la norma promovida por el Ejecutivo de Rajoy al añadir una enumeración de medios con los que el país podría contar ante la gestión de crisis como, por ejemplo, una pandemia, a fin de proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos y «garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales».
Publicidad
La oposición del independentismo en el poder en Cataluña fue eminentemente ideológica y sobrecargada por el 'caso Pegasus', justo el mismo día en que el Parlamento autonómico pedía la dimisión de la ministra Margarita Robles a iniciativa del partido de Junqueras y Aragonés. El desmarque de otros socios de la investidura retrató la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez y los rescoldos dejados por el escándalo del espionaje.
Junts y ERC conciben esta ley como un instrumento para que el Gobierno de turno «persiga y espíe» al soberanismo catalán mediante «un 155 encubierto». Olvidan que la regulación trata de garantizar también la seguridad de los catalanes frente a amenazas de diversa naturaleza que parecían impensables hace poco tiempo. La votación de ayer obliga al Ejecutivo a atender las enmiendas parciales que se presenten al articulado, empezando por aquellas que se hagan eco de las reservas expuestas por el Consejo de Estado en su preceptivo informe.
La seguridad nacional no debería basarse en recursos autonómicos y locales sin que las administraciones concernidas en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto que forman parte del Estado, sean cooperantes en cada decisión e integren el sistema. Tampoco debería recabar medios privados sin que sus titulares se vean compensados solidariamente por el compromiso requerido en régimen de colaboración. Y mucho menos basarse en servicios personales a prestar por mayores de 18 años sin retribución ni tampoco dietas.
Es probable que el Gobierno pretenda sortear el debate zigzagueando entre enmiendas parciales, a izquierda y derecha, con tal de mantenerse en sus trece. Pero con ello solo podría obtener un aparente éxito político a costa de una ley relegada a la irrelevancia por falta de consenso y solvencia jurídica.
0,99€ primer mes
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.
