Un país más nuestro

La oposición del independentismo en el poder en Cataluña fue eminentemente ideológica y sobrecargada por el 'caso Pegasus', justo el mismo día en que el Parlamento autonómico pedía la dimisión de la ministra Margarita Robles a iniciativa del partido de Junqueras y Aragonés. El desmarque de otros socios de la investidura retrató la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez y los rescoldos dejados por el escándalo del espionaje.

Junts y ERC conciben esta ley como un instrumento para que el Gobierno de turno «persiga y espíe» al soberanismo catalán mediante «un 155 encubierto». Olvidan que la regulación trata de garantizar también la seguridad de los catalanes frente a amenazas de diversa naturaleza que parecían impensables hace poco tiempo. La votación de ayer obliga al Ejecutivo a atender las enmiendas parciales que se presenten al articulado, empezando por aquellas que se hagan eco de las reservas expuestas por el Consejo de Estado en su preceptivo informe.

La seguridad nacional no debería basarse en recursos autonómicos y locales sin que las administraciones concernidas en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto que forman parte del Estado, sean cooperantes en cada decisión e integren el sistema. Tampoco debería recabar medios privados sin que sus titulares se vean compensados solidariamente por el compromiso requerido en régimen de colaboración. Y mucho menos basarse en servicios personales a prestar por mayores de 18 años sin retribución ni tampoco dietas.

Es probable que el Gobierno pretenda sortear el debate zigzagueando entre enmiendas parciales, a izquierda y derecha, con tal de mantenerse en sus trece. Pero con ello solo podría obtener un aparente éxito político a costa de una ley relegada a la irrelevancia por falta de consenso y solvencia jurídica.