Editorial: Ni pacto ni estabilidad
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El Gobierno intenta restar dramatismo a un crítico panorama económico que requiere grandes acuerdos y más medidas para sacar al país del pozoEl Gobierno ha remitido su Plan de Estabilidad 2020-2021 a la Comisión Europea, en el que prevé para el presente año una recesión del PIB del 9,2% y una tasa de desempleo del 19%, con el déficit disparado hasta el 10,3% y ... la deuda pública al 115% del PIB. Todo ello, sin que la «V asimétrica» –en palabras de la vicepresidenta Nadia Calviño– que dibujan sus estimaciones de recuperación puedan devolvernos a los indicadores económicos y sociales anteriores a la pandemia hasta después del próximo ejercicio. Los cálculos del Ejecutivo responden a una visión un tanto más optimista del derrumbe de la actividad en el primer trimestre. Sin embargo, ni la ministra de Economía ni la de Hacienda, María Jesús Montero, añadieron medidas o propuestas nuevas a los planes tributarios que manejaba Pedro Sánchez desde antes de su investidura pese al estrechamiento de la capacidad de gasto e inversión con que se encuentra ya el conjunto de las administraciones públicas.
Su inquebrantable fe en que los ERTE contendrán la destrucción de pequeñas empresas y de empleo destaca sobre las dudas que suscita la eficacia de las iniciativas aprobadas en las últimas semanas. Pero aunque Montero insistiese ayer en presentar la crisis desatada por el coronavirus como un 'shock' pasajero, el Gobierno no puede soslayar los riesgos financieros que afrontan nuestra economía y nuestro sector público, a pesar de que Christine Lagarde asegure a los bancos la cobertura del BCE para la recuperación. El Ejecutivo no puede seguir operando con poco más que un apunte voluntarista sobre la evolución de los ingresos al avanzar niveles de recaudación que difícilmente se sostendrían sobre un desplome del 9,2% del PIB. Ni debería pasar por alto la estrechez institucional a la hora de responder a las nuevas necesidades sociales que afloran con la desescalada y que han permanecido silenciadas en el confinamiento. Necesidades que podrían poner en entredicho la disposición inversora de la Administración central, de la autonómica y de la local, atenazadas todas ellas por un incremento del déficit y de la deuda.
Es lógico que el Gobierno trate de restar dramatismo a un momento singularmente difícil porque la economía también es un estado de ánimo. Pero a su empeño le faltan decisiones que le aporten credibilidad. Y la decisión que más falta hace es la de un amplio acuerdo político, institucional y social que dé inicio a la reconstrucción con las cartas boca arriba.
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