Una de las cualidades más valoradas de los políticos ha sido su capacidad para pactar acuerdos y salidas de conflictos. La historia está repleta de ejemplos de políticos cabezones que se niegan incluso a sentarse a hablar con sus enemigos o adversarios para sacar a ... sus conciudadanos de atolladeros cuya prolongación resulta perniciosa. Como contrapartida, también están los ejemplos de líderes que saben ceder y que echando la vista atrás son los que han resuelto problemas y la historia termina reconociéndoles ese mérito por encima de otros.
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En España, y concretamente en estas décadas que llevamos de democracia, tenemos casos variados, como fue el consenso –que ahora algunos pretenden romper– para sacar adelante la Constitución o las negociaciones que vencieron fuertes resistencias para acabar con el muerto semanal del terrorismo etarra. También los hay del signo contrario y, quizás, uno de los más graves y recientes es el de la actual etapa política que produce la impresión de que el éxito se cifra en llevar la contraria a los demás. Los rifirrafes con las autonomías durante la pandemia fueron deplorables, como si se tratase de Estados diferentes.
Pero en fin, el mal hecho está, en medio de la confusión que vivimos, entre discrepancias sobre indultos, medidas para frenar la covid-19 y las divisiones de bloques que deja un saldo de víctimas que recuerda la Guerra Civil. Ahora se impone mirar al presente, aprender del pasado los que quieran, y plantearse llegar a un acuerdo global y urgente que permita empezar a recibir cuanto antes las aportaciones de la Unión Europea para salir de la grave crisis que enfrentamos. Hay una condición de Bruselas que lo exige: el consenso en el uso.
La experiencia hace temer que no sea suficiente una exigencia de este tipo y que ahora vendrá la pelea por el reparto que se establezca de las cantidades libradas y el respeto a las normas y destinos establecidos. La propuesta formulada por el Gobierno a la Comisión despertó críticas variadas, pero ha sido aceptada con buena calificación como lo reconoció la presidenta, Ursula von der Leyen. Es un buen paso adelante en la intrincada burocracia comunitaria y lo que se impone es cumplir las exigencias incorporadas y comenzar cuanto antes a recibir los 19.000 millones correspondientes al año en curso. En el reparto que se haga es necesario que se concierte partiendo de razones lógicas y que no se caiga en la tentación de dejarla en manos de partidos políticos que quieran obtener tajadas para sus propios intereses ideológicos o geográficos. Y, por supuesto, una vez que se cuente con el dinero, administrarlo con pulcritud.
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