La nueva ley de memoria democrática, a examen

Es el momento, pues, del debate público sobre lo grande y lo pequeño de la ley.

De entrada, digamos que resulta altamente significativo que se recurra al término «resignificar» para dar a entender el sentido de esta mirada sobre la Guerra Civil. Hubo un pasado de consecuencias catastróficas que es ciertamente inamovible, pero que podemos recordar de tal forma que se transforme en una razón de convivencia. No se trata de reescribir la historia, sino de leerla de otra manera. Es la diferencia entre historia y memoria: la historia está obligada a los hechos ocurridos mientras que la memoria es una lectura moral de lo que pasó. Y esa dimensión moral de la memoria se substancia en la idea del «nunca más». Recordamos no tanto para conocer los hechos –de eso ya se encarga la historia–, sino para que la barbarie pasada no se repita, es decir, recordamos para hacer las cosas de otra manera, mejor.

Gracias pues a la memoria lo recordado cambia de significación: lo que una vez ocurrió como expresión del odio entre dos Españas, es ahora recordado como una dura experiencia de la que estamos dispuestos a aprender.

La resignificación sería agua de borrajas si no estuviera acompañada, por parte de todos, de esta disposición a aprender. Y para poder aprender algo nuevo de un asunto tan manido como la Guerra Civil, hay que desaprender. Hay que cuestionar las seguridades de las que partimos convencidos de que ya no se trata tanto de saber quién tuvo razón cuanto de poner la razón que cada cual tenga al servicio de la no repetición. La resignificación prohíbe la repetición del pasado –y eso vale para todos– y obliga, por el contrario, a hacer política de otra manera. La memoria de la II República no puede ser reivindicar la III, sino aprender a resolver pacíficamente los conflictos sociales y políticos, a diferencia de lo que ocurrió entonces. Conviene resaltar esta invocación de la resignificación del pasado porque fueron muchos los que se pronunciaron en su contra cuando la ley de Rodríguez Zapatero.

Decían, por ejemplo, del Valle de los Caídos que eso no podía dejar de ser un lugar de memoria franquista porque estaba inscrita en sus piedras. Si aquello nació para honrar a «los mártires de la Cruzada», debía seguir así. En el fondo coincidían con los que se situaban en el polo ideológico opuesto, los benedictinos del Valle, para los que «esto no se toca». Pero no hay más que darse una vuelta por el pasado más catastrófico del siglo XX para entender lo que significa resignificación. Quien hoy visite Auschwitz observará que quienes van por allí son los deudos de las víctimas y no los herederos de los verdugos. Auschwitz, nacido como emblema nazi, se había convertido en un lugar de la memoria de las víctimas. La resignificación es posible.

Otro rasgo llamativo del proyecto de ley es su título, Ley de Memoria Democrática. Está claro que lo que se pretende es orientar toda esta inversión política y cultural anamnética en provecho de la democracia, de suerte que la convivencia se vea reforzada y no debilitada por esta visita al pasado. Pero el adjetivo democrático puede inducir al error.

Podría parecer, en efecto, que la democracia solo pudiera nutrirse de memorias que recuerdan los sufrimientos causados a demócratas. Como si lo importante en la memoria fuera la ideología de las víctimas, en cuyo caso la memoria de víctimas fascistas, por ejemplo, no tuvieran sitio en esta «memoria democrática». Eso sería un grave error, porque la democracia tiene que atender la memoria de todas las víctimas, también las que pertenecieran al bando franquista, aunque fueran perpetradas por sujetos republicanos. Para la memoria, las víctimas no tienen color. Si son víctimas, son inocentes y, por tanto, son memorables porque han sufrido una violencia inmerecida.

Y lo que enriquece la democracia no es su color político sino el alcance de nuestra responsabilidad, es decir, que nos sintamos interpelados por su sufrimiento y, consecuentemente, que revisemos las estrategias políticas que llevaron a esa violencia criminal, aunque fuera protagonizada por alguno de los nuestros. La memoria histórica es algo más que una memoria democrática, porque incluye exigencias morales que desbordan el campo de la política (y de la justicia), siendo una llamada a la responsabilidad por los daños recordados: los causados a los nuestros y también por los nuestros. La memoria democrática solo es alternativa a «las políticas franquistas de la memoria» si es inclusiva; de lo contrario, sería su triste réplica.

Hay otro aspecto que merece discusión. Es muy loable la idea de enriquecer el discurso político con la carga moral que proviene de la memoria, pues eso obliga a desterrar de la gestión política todo asomo de violencia. Pero no conviene perder de vista que siempre será más exigente la memoria que la política. Paul Ricoeur relaciona íntimamente perdón y memoria. Eso provoca salpullidos a muchos políticos pues les parece que términos como perdón o reconciliación son de otra escala. Entendemos que una Ley como esta no tenga que planteárselo porque el perdón es un gesto individual y la ley tiene que atender a lo general, pero no puede cerrar las puertas a esa dimensión porque es una aspiración de la memoria. L

as leyes como la política tienen mucho que decir sobre la memoria y por eso es bienvenida una ley como esta. Pero el camino de la memoria sigue abierto, ya que su meta consiste en aprender a convivir fraternalmente. Y eso nos queda aún lejos. Todavía hoy nos resultan extraños los imperativos morales que Manuel Azaña invocaba como base de la convivencia futura (la que tendríamos que construir nosotros), y que eran los de «paz, piedad, perdón». Ni el perdón ni la piedad podrían conformar hoy por hoy artículos de una ley, pero para conseguir el fin político que se propone la ley, virtudes cívicas como esas son determinantes.