Notas al gobierno de los jueces

En la actualidad, entre los partidos democráticos solo Ciudadanos mantiene la propuesta de la elección directa. En febrero de 2020 su grupo parlamentario presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el refuerzo de la independencia judicial. En la misma se plantea que la elección de los doce vocales jueces, actualmente nombrados por las Cortes (seis por el Congreso y otros tantos por el Senado), sea mediante el voto secreto y directo de todos los jueces y magistrados del Estado.

Dicha proposición de ley fue sometida a votación el pasado 23 de septiembre en el Congreso de los Diputados, siendo rechazada. Pese a ello, el diputado Edmundo Bal mantiene la propuesta, con el peregrino argumento de que están a favor de sus tesis las asociaciones judiciales. Es evidente que la judicatura es una profesión conservadora, y prueba de ello se obtiene de la simple observación de su movimiento asociativo interno, de marcado cariz derechista; por ello, lo lógico es que intervenga el Parlamento, para que las tendencias ideológicas de la sociedad, y no las corporativas de la justicia, se trasunten también al órgano de gobierno de los jueces.

El modelo actual no es perfecto, por la sencilla razón de que los grandes partidos cometen fraude de ley al utilizar el sistema de cupos -de intercambio de apoyos para designar a vocales afines- en lugar de elegir a los vocales que más consenso personal susciten, pero en tanto no aparezca una fórmula que convenza a todos, habrá que seguir utilizando el modelo. Un modelo que permite el boqueo por parte de la oposición, si la estructura del consejo le favorece. Como es el caso: este PP ha mantenido durante más de dos años su obstinada negativa a pactar con el PSOE la renovación de las instituciones porque le favorecía la composición sesgada estribor establecida en tiempos de Rajoy.

Pues bien: el PP se niega a admitir que el PSOE proponga al juez Ricardo de Prada, que considera afín a Unidas Podemos, porque este magistrado fue uno de los que sentenció el caso Gürtel, en el que fue condenado el PP por ser responsable a título lucrativo, y que sirvió de base para la presentación de la moción de censura que dejó sin Gobierno a Mariano Rajoy y al PP. ¿Es razonable este sectario veto, que tiene visos de ser una clara venganza, y una advertencia de lo que le puede ocurrir a cualquier juez que actúe lesionando los intereses del partido conservador?

Si el PP era realmente culpable como las evidencias van poniendo de relieve, con independencia de aquella sentencia, ¿qué debía haber hecho el tribunal sentenciador al que pertenecía el juez De Prada? ¿Se supone que sus miembros deberían haber prevaricado para merecer entrar en el Consejo?

El PP se equivoca al mantenerse obstinadamente en esta posición, que revela un escaso sentido del Estado y que parece acercarlo más al tremendismo de VOX que al ansiado centro del espectro, que es dondr se alojan los verdaderos caladeros de votos.