Negociar más y denunciar menos

En una democracia, implicar a la justicia en la actividad política es una anormalidad

Diego Carcedo

Valladolid

Miércoles, 9 de diciembre 2020, 07:46

Muchos políticos españoles ignoran una de las cualidades más importantes que requiere su profesión: la capacidad y predisposición de negociar. A menudo prefieren la reyerta para demostrar sus habilidades dejando que los problemas los resuelvan los tribunales. Juzgados, audiencias, el Supremo y hasta el ... Constitucional ven cómo sus mesas acumulan denuncias con asuntos que deberían ser los Gobiernos y los partidos los que buscasen soluciones a los conflictos sin tener que recurrir a los tribunales.

En una democracia, implicar a la justicia en la actividad política es una anormalidad, lo mismo que es politizar la justicia como a veces se intenta. Son dos situaciones que se retroalimentan y dañan el respeto necesario entre los poderes públicos. Los expertos aseguran que no hay conflicto o enfrentamiento que no se consiga resolver hablando y negociando, buscando convencer y renunciando a alzarse con toda la razón. Si no fuese así, prácticamente ninguna de las muchas guerras que recuerda la historia habrían terminado. Fue, después de un elevado coste en vidas, cuando aparecieron personas que entendieron que sentarse a discutir y buscar un arreglo era más práctico que resolver las diferencias a cañonazos.

En España esto nunca se ha entendido bien y, en esta etapa de calma social en la que proliferan los elementos legales para lograr el entendimiento, sorprende y entristece que las nuevas generaciones de políticos no lo tengan asimilados. Quizás es que prefieren gritar más fuerte que razonar. Y esto es un fracaso rotundo de la etapa democrática. El empeño por dejarlo todo en manos de los jueces desvirtúa la propia estima personal y su capacidad para cumplir su función en el empeño de lograr el bien común de gobernantes y opositores.

Esto implica que a menudo la pretensión entre los beligerantes de conseguir la razón, los tribunales sufran presiones estratégicas y críticas políticas, mediáticas y a veces hasta económicas para que inclinen a un lado u otro la balanza. Menos mal que en España contamos con buenos gestores de la justicia que resisten los embates de quienes intentan mediatizarla. Pero su independencia y profesionalidad no siempre es suficiente. La propia política juega a menudo a instrumentalizar las estructuras de la justicia. El ejemplo más elocuente es el penoso tejemaneje en torno a la renovación con Consejo Superior del Poder Judicial. ¿No sería más correcto que al igual que son los parlamentarios quienes eligen entre ellos a los cargos ejecutivos también los jueces consolidasen su independencia eligiendo sus cargos, sin intermediarios interesados en el futuro de sugestión?

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