Necesaria, pero también segura

La descripción de unos disensos tan transversales y la trascendencia de la ley elaborada por el Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero, que busca resarcir a las personas trans de una imarginación histórica, injusta y dolorosa regulando aspectos muy sensibles y complejos de la identidad individual, evidencian la pertinencia del debate parlamentario no para acotar derechos, sino para apuntalar su ejercicio.

Al margen de la discusión suscitada entre quienes reivindican la libre determinación de género sin cortapisa alguna y quienes alertan de que vincular ese derecho a la identidad vacía de contenido la lucha feminista contra la desigualdad, son el cambio de sexos en los menores y la reversibilidad de la decisión los aspectos que están copando el debate; y que han llevado al PSOE a discrepar de sus socios de Unidas Podemos –y del propio texto que terminó prosperando en el Gobierno– en el trámite de enmiendas parlamentarias. Los socialistas, en sintonía con lo que objetan otros partidos y colectivos sociales, creen preciso incorporar el control judicial para los menores trans de 12 a 16 años más allá de la autorización de los progenitores y también a la hora de revertir la identidad sexual adoptada.

Los derechos LGTBI han sido tan sistemáticamente conculcados –incluso hoy el colectivo sigue siendo víctima de intolerables ataques de odio– que ello hace comprensibles los deseos de que la ley que los protege salga adelante cuanto antes. Pero las cautelas legales no sobran cuando están en juego decisiones tan vitales. De ahí que esas mayores garantías no deberían concebirse ni interpretarse como trabas a la ampliación de derechos, sino como un refuerzo para su ejercicio efectivo y lo más seguro posible.