El muro que sigue en pie

La obstinación en negar la evidencia del fracaso de las sociedades donde se pusieron en práctica estructuras de coerción de la libertad individual, social, política y económica «por el bien del pueblo» dificultan la renuncia al social-comunismo en todas sus variantes. Mantienen engañosos espejismos sobre los últimos reductos del experimento como Cuba. Y alientan movimientos populistas sucedáneos del socialismo real como todo el conglomerado bolivariano. Hay que recordar que el sátrapa de la Alemania del Este, Erich Honecker, denominó la construcción que dividía Berlín, y que puso freno a la huida de millones de ciudadanos a occidente, como «el muro de protección antifascista». Esa dicotomía entre socialista y fascista persiste no solo en el imaginario revolucionario y bélico, sino en la jerga de determinada izquierda muy activa en este primer tercio del XXI. No hay que olvidar que durante décadas a los regímenes sometidos al totalitarismo comunista se les denominaba «democracias populares».

Es decir, mientras la Alemania libre se llamaba República Federal, la sometida bajo la bota de Moscú y la Stasi era República Democrática. Los nacionalismos de izquierda ahora encarnados en las CUP o Bildu también han adoptado esa dualidad para rechazar todo lo que no esté alineado con la galaxia 'popular', calificándolo de fascista. Para intentar buscar un equilibrio argumental insólito entre ideologías se contrapone al mundo socialista, no la democracia o los partidos conservadores herederos de la democracia cristiana o liberales, sino el fascismo englobándolo todo y por extensión el nazismo, los nazis, el Holocausto.

La prueba más reciente de ese muro (ideológico) de Berlín que no ha caído todavía en la realidad política e intelectual en la propia Europa es la negativa de los grupos socialistas del Parlamento europeo a aprobar la condena al nazismo y al comunismo en los mismos términos. Pero la renuencia de los grupos socialistas a mencionar los crímenes del comunismo junto con los del nazismo no impidió la aprobación del Parlamento Europeo el 19 de septiembre de un texto que condena «los crímenes cometidos contra la humanidad y las violaciones masivas de los derechos humanos perpetrados por los regímenes comunista, nazi y otros regímenes totalitarios».