Muerte digna y cuidados paliativos

La ley, que lógicamente se inspira en las normas aprobadas y en funcionamiento en otros países (sobre todo las leyes vigentes en Bélgica y en Países Bajos), es sumamente garantista, ya que el paciente, que deberá padecer una enfermedad grave e incurable, tendrá que confirmar hasta en cuatro ocasiones su voluntad durante el proceso, en el que intervendrán al menos dos médicos y la citada Comisión de Garantías de cada comunidad. La eutanasia activa podrá ser llevada a cabo en su domicilio o en un hospital por el propio paciente, asistido por un médico, que le proporcionará los fármacos adecuados, o por el propio médico. Lógicamente, la ley contempla la objeción de conciencia de los sanitarios que no deseen intervenir en la aplicación a la norma, como ya sucede en el caso del aborto, y la Organización Médico Colegial ha demandado que todos los médicos, por defecto, sean considerados objetores.

Es bien conocida la carga ideológica de una ley que permitirá resolver situaciones dramáticas que han tenido gran repercusión mediática y que atentan contra la dignidad del enfermo, que anhela dejar de sufrir psíquica o físicamente y cuya voluntad debe ser legítimamente atendida. La Iglesia católica y otras confesiones se oponen radicalmente a la eutanasia, y con ellas gran parte de la derecha, el PP y Vox en nuestro país. Hay asociaciones provida que se oponen y, como es usual en estos casos, las objeciones se han convertido a veces en cruzadas que serían ridículas si no jugaran con el misterio de la vida. Así por ejemplo, el exministro del PP y portavoz de la Asamblea por la Vida, Jaime Mayor Oreja, ha comparado esta norma con la «socialización del miedo» que ETA propició, y ha explicado que ahora se «socializa el mal entre los médicos, los pacientes y las personas de una familia». Inefable.

La ley de eutanasia es ética y humanitariamente impecable y nuestro país ha vuelto a ser la avanzada de una lucha contra atávicas resistencias que, mediante prejuicios y supersticiones, atacan principios esenciales como el derecho a la felicidad de los ciudadanos y a una muerte digna en casos de extraordinario sufrimiento. Con todo, este avance ha llegado para quedarse, por mucho ruido que haga hoy la oposición. que sin embargo tiene toda la razón al reclamar una mejora sustancial de los cuidados paliativos, que en el sistema sanitario español no están suficientemente atendidos.

Al frente de este asunto, la Fundación La Caixa mantiene desde 2009 un programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas. En 2019, se celebró el décimo aniversario de aquella iniciativa, que colma una laguna evidente de la sanidad pública, y en el correspondiente balance se puso de manifiesto que en aquellos diez años se atendió a 153.953 personas en el final de su vida y a 210.936 familiares. Solo en 2018, se habían beneficiado 25.507 pacientes y 30.933 familiares. Las cifras han ido aumentando año tras año hasta hoy.

La propia existencia de este programa, y la gran demanda que registra, señala una carencia en la sanidad pública española, que no atiende con la intensidad necesaria el trance dramático que ha de afrontar cualquier persona que sea más o menos consciente de que ha llegado al final, con lógicas aprensiones intelectuales y muy a menudo con episodios de malestar y dolor físicos. Sería, en fin, absurdo y reprobable que tras la aprobación por el sector progresista del Parlamento de la ley de eutanasia, se desoyera la reclamación del sector conservador de una regulación mucho más exhaustiva y precisa de los cuidados paliativos, que ayudarán a morir a mucha más gente y que han de alcanzar también a las familias desoladas por la pérdida de un ser querido.