Morsi, morir en el tajo

El caso de Morsi y su acceso irreprochable a la primera magistratura debería haber encarrilado definitivamente al país por la vía de una democracia parlamentaria verdadera. Pero no duró ni dos años, el tiempo que necesitó el general El-Sisi –ahora mariscal– para reordenar el escenario y dar su golpe de Estado en julio de 2013 y crear lo que es, de nuevo, una vulgar dictadura militar dotada de una leve capa de legalidad parlamentaria.

La ONU ha pedido una investigación médica imparcial a falta de una inequívoca condena de lo sucedido, imposible en la práctica por el completo alineamiento político y estratégico del régimen egipcio con Washington en el escenario regional establecido según las necesidades de Arabia Saudí y, al fondo, Israel. La Administración Obama, con su inolvidable embajadora en El Cairo, Margaret Scobey, había asumido de modo realista, moral y rentable el papel central que la Cofradía debía jugar en el escenario de cambio creado en el país tras la revolución social que llevó a la dimisión, en febrero de 2011, del presidente Hosni Mubarak. El general de aviación se mantuvo treinta años en el poder y, a su modo, había sabido digerir y manejar el auge imparable de los Hermanos Musulmanes.

Como suele suceder bajo cualquier dictadura, el Gobierno egipcio tomó a toda velocidad las medidas precisas para evitar eventuales expresiones de cólera ante tantos atropellos. También impuso a la familia la necesidad de un entierro en El Cairo, lejos del lugar de donde Morsi era oriundo –Sharkia, en delta del Nilo– y la familia habría querido inhumarle. De hecho, tales precauciones eran superfluas: la Hermandad Musulmana ha sido socialmente barrida del mapa, sus innumerables seguidores han tenido que volver a los viejos tiempos de la clandestinidad y el régimen respira económicamente gracias a la largueza de Arabia Saudí. Un país, por cierto, en el que no habrá la menor condolencia por la súbita muerte de un tal Mohamed Morsi.