La aprobación ayer por el Gobierno de Pedro Sánchez de la Ley de Memoria Democrática, con el aval de sus socios de investidura salvo ERC y el espaldarazo decisivo de EH Bildu, derivó en un agrio cruce de pareceres que ya había sido preludiado en ... el debate sobre el estado de la nación. Pese a los esfuerzos del ministro de la Presidencia y muñidor de las negociaciones, Félix Bolaños, por subrayar que se trata de una nueva norma «por el reencuentro», la diatriba suscitada por su contenido y, singularmente, por que los escaños vinculados a la izquierda 'abertzale' hayan sido determinantes en su ratificación transforma una ley concebida pretendidamente para la concordia en una ley para la discordia. Una discordia que quedó evidenciada ayer en el desarrollo del debate, con algunas intervenciones en la tribuna de oradores que dejaron traslucir, por una parte, ganas de ajustar cuentas retrospectivas y, por otra, inquietantes rescoldos de condescendencia hacia lo que representó la represión franquista.
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La división de la Cámara entre las fuerzas mayoritariamente de izquierdas y nacionalistas que sustentan la iniciativa del Gobierno y el PP y Vox ejemplificó de manera muy poco edificante las dificultades que tiene el país, 47 años después de acabada la dictadura, para cumplir con el resarcimiento pendiente a todas las víctimas ajusticiadas de la Guerra Civil y para sentirse reconocido en su tragedia conforme a la verdad de los hechos históricos.
El interesado apoyo de EH Bildu a una legislación tan sensible y simbólica no debería contaminar el análisis sereno del contenido normativo ni llevar a asegurar que esta es «la ley de memoria etarra». Pero el Gobierno no puede soslayar las consecuencias presentes y futuras del error de haber erigido en avalista distinguido de la norma a la izquierda 'abertzale' que secundó a ETA sin condenarla aún y que ayer mismo, en el pleno del Congreso, volvió a impugnar la Transición y, con ella, el proceso democrático español.
No puede obviar el riesgo que comporta que para reparar por ley el pasado de las vulneraciones de derechos durante la contienda fratricida y la dictadura de Franco se haya apoyado en una formación parte de cuyos miembros siguen legitimando a ETA arraigándola en el relato de una Euskal Herria históricamente perseguida y castigada, también en democracia. El riesgo, en definitiva, de comprometer la veracidad de lo que fue y representó el terrorismo que ha de transmitirse como legado moral a las futuras generaciones.
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