Una memoria por recuperar

El dictamen a esos efectos del Consejo de Estado, del CGPJ y del Consejo Fiscal resultará crucial, en tanto que el Ejecutivo debiera atenerse a esos tres informes antes de dar el siguiente paso en la tramitación del proyecto. Aunque hay un requisito político que el Gobierno no puede saltarse sin incurrir en irresponsabilidad: la necesidad de que el texto legislativo cuente con la anuencia de una amplia mayoría parlamentaria, más allá de los escaños que dieron la presidencia a Pedro Sánchez. Entre otras razones porque ninguna ley podría denominarse «de Memoria Democrática» si estuviera sujeta a una fuerte controversia incluso antes de su promulgación.

El Gobierno trata de impulsar una norma definitiva, pero de las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo se deduce que no está tan seguro en su empeño. De entrada parece excesivo que pretenda rescatar los «200 años de historia democrática» del país mediante una ley con la intención, además, de que su articulado fije el currículo académico de las futuras generaciones, e incluso establezca el cauce por el que deba discurrir la investigación historiográfica.

Hubiese sido más razonable que el Gobierno se decidiera a dar pasos adelante en el reconocimiento efectivo de las víctimas de la injusticia extrema durante la guerra civil, la posguerra y la dictadura franquista. Pasos para la recuperación urgente de los restos de las personas asesinadas por el guerracivilismo patrio y el régimen triunfante, prohibiendo al tiempo la mínima justificación de semejante ignominia. Hubiese sido mejor limitarse a rescatar el buen nombre de tantas mujeres y hombres represaliados que la ideación de una norma total que trataría de articular un pasado incuestionable bajo la denominación de democrático.