El Gobierno, por boca de las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera, pareció tratar de hacerse con el mando sobre el mercado eléctrico cuando ambas señalaron la existencia de «beneficios excesivos» en el resultado de las compañías del sector. Una afirmación que debe sostenerse sobre ... hechos objetivos y argumentos jurídicos muy sólidos para que se convierta en línea de acción gubernamental en una economía libre. El pasado día 5 Pedro Sánchez prometió que la factura final de este año será similar a la de 2018. La declaración sonó a puro vaticinio, puesto que no correspondía a la pasividad mostrada por el Gobierno alegando que no podía hacer más en el marco de la UE. Las discrepancias en el seno del Ejecutivo de coalición, con Ribera tildando de demagógicas y simplistas las posiciones de Unidas Podemos favorables al establecimiento de precios máximos para la luz, abonaban la idea de que el presidente afrontaba su subida incontrolable con la esperanza de que en algún momento amainaría la tormenta.
Publicidad
La decisión del Consejo de Ministros de ayer resultó en ese sentido tan sorprendente que invita a observar con cautela la prometida reducción del recibo de la luz hasta diciembre en una media del 30%. Ese descenso procedería de los 2.600 millones que el Estado detraería de las expectativas de explotación de las plantas hidroeléctricas y nucleares, la minoración del precio del gas sobre la factura eléctrica y una rebaja fiscal que incluirá la bajada del impuesto especial de la electricidad a cargo de las comunidades. Las demás medidas del plan de choque con el que el Gobierno ha decidido pasar de la impasibilidad a la ofensiva completarían un cuadro de profunda transformación del panorama eléctrico.
Pero no solo quedan por ver tales anuncios en la letra impresa del BOE. En la propia exposición de los cambios tras el Consejo de Ministros y en las declaraciones del presidente la víspera se atisba el propósito de salvar políticamente lo que queda de año y adentrarse en 2022 atenuando la incidencia del foco eléctrico. Las medidas más impactantes –que el PP no ha dudado en calificar de confiscatorias– lo serán hasta que finalice el primer trimestre del próximo ejercicio. Y ello, si no dan lugar a litigios por parte de las compañías concernidas. No se sabe nada de lo que pueda venir después ni de las consecuencias últimas de este plan de choque para apenas medio año.
0,99€ primer mes
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.
