Maleducados

Hemos recibido una herencia legislativa partidista. Han beligerado entre sí cuatro leyes de Universidades y nueve generales de Educación. Cada una ha dicho lo contrario que la anterior: PSOE (1985, 1990, 1995), PP (2002), PSOE (2006), PP (2013) y PSOE (2020).

Las Autonomías particularizaron la educación y los nacionalismos se apropiaron de currículos y contenidos. La enseñanza autonómica es de hecho menos autónoma, ha contado con desiguales recursos y ha sufrido más influencias políticas. Cada comunidad ha ensalzado su ombligo, todo regionalismo y nacionalismo ha adoctrinado contra el Estado y ha adecuado el relato histórico para exaltar su identidad. Acabaremos con 17 historias multinacionales de España girando cada una en torno a la propia identidad. Por la lengua se han rechazado científicos destacados y excluido familias, algunos incluso han mandado a 'cagar' a los 'payasos' del 25% castellano.

Nuestras 50 universidades públicas y 32 privadas forman un mapa universitario más denso y provinciano que el europeo. Cada provincia ha conseguido la suya. Han tendido a abrirse a la empresa y alejarse de la sociedad, han buscado generar profesionales más que formar personas cultas.

La reforma de Bolonia empeoró la situación, porque mercantilizó la docencia y los grados al servicio de la economía europea. Se adaptó mal a la cultura docente española. A veces banalizó el contenido docente, decayó el doctorado, antepuso la investigación aplicada a la básica y transmitió más competencias que conocimientos. Su pedagogía complaciente sometió el fondo a la forma. Acortó el tiempo, aligeró la densidad y solidez de los temas, sustituyó libros por redes y ablandó los medios de evaluación. Al exigir al estudiante más acción que reflexión, devaluó las humanidades como bellas decoraciones improductivas. Ello deshumanizó la educación.

Este ocaso educativo fue profundizado por las crisis. Ya la del petróleo de 1973 disminuyó recursos. Las dos últimas de 2008 y 2020 han devaluado aún más la ciencia y la universidad. Los recortes y la pandemia marginaron la educación como la hermana pobre del Estado de Bienestar, centrado en paro, sanidad, seguridad social y asistencia a mayores.

La gestión del gobierno ha depreciado la educación por carecer de competencias, por contar con ministros y proyectos discutidos y por ceder a las exigencias independentistas. Ha permitido hacer un bachillerato en tres años, pasar la selectividad con una asignatura suspensa, ser funcionarios sin oposición o que el rey no firme títulos.

Las últimas leyes siguen siendo polarizadas y frentistas. La izquierda no ha creído en la educación como un camino para superar la desigualdad social ni en la ciencia como única curación de la pandemia. Ni la LOMLOE de Celáa, ni la LOSU de Castells, ni la ley de la ciencia de Duque y Morant han mejorado su sector en los presupuestos. Entre 2011-16 se perdieron 5000 investigadores que en su mayoría salieron de España. El confinamiento afloró carencias informáticas, falta de formación del profesorado y preocupación en familias no conectadas. Algunos artículos hablan de casi un aprobado general.

El informe PISA de 2021 sitúa a España entre los 34 países de la OCDE con un puesto 25 en matemáticas, 23 en comprensión lectora y 21 en ciencias.

Se ha resentido la calidad del profesorado y se ha relajado su selección y control. Ha caído el prestigio y autoridad del docente y es difícil la colaboración de los padres. El aparato académico sigue siendo endogámico, clientelar, corporativista y burocrático.

En el fondo de este ocaso educativo hay un cambio de valores. No se enseña a pensar y ser crítico, no se busca la formación del hombre completo, no se incentiva el criterio, la responsabilidad y el esfuerzo. Se prefieren la competitividad a la excelencia y la identidad a la igualdad.

Es excesiva la inasistencia a clase y alto el porcentaje de estudiantes no presentados a los exámenes. Y no consta en su expediente. No es prioritaria, sino más bien escasa, la lectura del alumno. Es pobre su capacidad de abstracción, de racionamiento y de reflexión. Ha disminuido el calado de formación, la densidad cultural, la riqueza lingüística y conceptual de muchos estudiantes. Incluso se ha percibido un menor compromiso político en las primeras décadas del siglo XXI.

A veces, la enseñanza acaba como una larga andadura administrativa de trucos y resquicios del rincón del vago, de corta-pega de internet. Algunos reducen la enseñanza al manejo de datos almacenados en la red, a copias de informes y, a veces, a plagios en trabajos reglados.

En las evaluaciones, ciertos excesos de inclusión, inmersión, autoevaluación, personalización, aprendizaje divertido, guarderías de niños contentos, han generado falta de exigencia. La legislación ha tendido a eliminar repeticiones, suspensos, reválidas y selectividades. Se creen exagerados los mensajes del deber de trabajar, la obligación de desarrollar las propias capacidades, la necesidad de demostrar esfuerzo y rendimiento y el imperativo de respetar el mérito y la capacidad.

Pero la enseñanza no es un simple medio para conseguir trabajo. El ciudadano debe adquirir un poso de cultura, un hábito de memoria, una necesidad de pensar y un espíritu crítico necesarios para vivir. Es apasionante nuestra cultura de la imagen y el vídeo, pero hay que complementarla con la cultura escrita, hay que aprender leyendo, hay que estudiar escribiendo. Porque aprender es un acto humano y social de mirar, escuchar, leer, escribir y pensar.

Puede que esta reflexión no motive ni a políticos ni a electores. Puede que los fondos europeos se repartan entre las Comunidades, paguen compromisos de investidura, refuercen la sanidad, llenen la España vaciada y eliminen macrogranjas. Pero a todos nos debe inquietar el reto de relanzar la ciencia, acordar valores comunes en educación, recuperar las humanidades perdidas y conseguir que el pilar docente del Estado del Bienestar no sólo genere trabajadores productivos, sino también personas cultas, preparadas y activas en la sociedad.