Luces de alarma

Parte de la derecha sociológica engorda al populismo en toda Europa, que logra canalizar el descontento. Las encuestas de intención de voto revelan ese corrimiento de espacios en el bloque liberal-conservador. El asunto interpela directamente al PP, que se ve incapaz de construir un mensaje que retenga a esa parte crítica de su electorado y que en todo caso tiene que decidir si se decanta por pactar con su escisión o decide aplicar un cordón sanitario y marcar distancias claras.

Pedro Sánchez resulta también beneficiado de esta crisis. La división le amplía el margen de maniobra en la medida en la que le ofrece una división en su adversario natural. Pero, a la larga, el presidente de Gobierno necesita también una alternativa solvente de derecha democrática, que sea homologable en la Unión Europea y que no se convierta en una amenaza. El presidente quizá anuncie, después de siete años, el Debate sobre el Estado de la Nación que le exige la oposición y aproveche la vulnerabilidad de Pablo Casado para reforzar sus posiciones. Y también puede acariciar otra idea: la convocatoria de unas elecciones anticipadas para descolocar a sus rivales con el factor sorpresa.

Pero este recurso sería una peligrosa arma de doble filo con efectos contraproducentes para sus propios intereses. Parece muy difícil que Sánchez opte por el suicidio voluntario en las urnas. Porque unos comicios forzados confirmarían la sensación de una utilización política demasiado obscena y descarada para capitalizar la crisis. Y, además, la tendencia a la baja registrada en Unidas Podemos augura que la coalición va a tener serios problemas para sumar una mayoría suficiente y seguir en el Gobierno. Con este horizonte pesimista parece altamente improbable la posibilidad de un anticipo electoral. Sobre todo cuando el clima es de alto voltaje, con acusaciones cruzadas.

Una situación que emplaza a Casado a explicar por qué no acudió a la Justicia si conocía supuestas irregularidades, ya que cobra fuerza la hipótesis de que utilizó la información como instrumento de presión interna para que Ayuso no se presentara a la Presidencia regional del PP en Madrid. Y que insta a la presidenta de la Comunidad –que explota el carisma de tener el apoyo sociológico del espectro de la derecha como si fuera la heroína de la película– a aclarar a fondo el contrato de su hermano para despejar cualquier sombra de duda. Ella dice que nunca se podrá demostrar que le ayudó y que el contrato era legal. ¿Pero alguien se le ocurre qué escandalera se hubiera montado si el afectado fuera un hermano del presidente del Gobierno? El nivel de exigencia debería ser igual para todos.  

El cisma dificultará que el PP cicatrice sus heridas internas y recomponga las complicidades rotas. Para que esta catarsis sea posible hacen falta equipos más cohesionados y compactos. Casado y Ayuso tienen difícil margen para reconducir sus diferencias. Podrían haber pactado con discreción y han preferido los órdagos públicos en una guerra de desgaste mutuo de desenlace incierto. El congreso popular de julio, antes de las elecciones andaluzas, es quizá la última oportunidad del PP para recuperar su espacio y terminar con la actual sangría de respaldo que sufre hacia el  ultranacionalismo de Abascal. Que lo pueda hacer es ya otra cuestión.

El espectáculo que a menudo ofrece la política en España degrada el juego democrático y alimenta la demagogia. A lomos del malestar social, crece como la espuma una corriente reaccionaria que demoniza al adversario. El movimiento de ruptura que encarnaba hace unos años Podemos ahora en buena medida lo representa Vox, salvando las evidentes distancias ideológicas. Lo probable es que la formación de Santiago Abascal no llegue a los gobiernos todavía, pero, en cualquier caso, lo condiciona ya todo. No se trata de estigmatizar infantilmente a los electores sino de constatar con inquietud que el fenómeno ha venido para quedarse. Las luces de alarma del sistema deberían activarse. La duda es si aún estamos a tiempo.