La lista de la vergüenza

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, Jesús Julio Carnero, todavía presidente provincial del PP, cobra un sueldo anual bruto de 81.889,50 euros. Es el quinto consejero que más cobra. Las retribuciones en el Consejo de Gobierno, desde que Isabel Carrasco era consejera de Economía y Hacienda, con Juan José Lucas de presidente, tienen una cantidad en función del cargo, pero si quien lo ocupa es empleado público de profesión y el sueldo que percibía como tal es mayor que el del cargo político, tiene derecho a recibir el más alto de los dos. Pues bien, el citado consejero agrario encabeza la lista de diez cargos y excargos del PP de Valladolid (eran once, pero la llamada al orden hecha por Pilar del Olmo, presidenta del grupo municipal popular en la capital, al edil Borja García Carvajal ha hecho que este diese marcha atrás) que han pedido cobrar el 10% del salario que no les fue abonado entre los meses de enero y junio, hasta que dejó de funcionar la anterior Corporación municipal, una vez celebradas las elecciones de mayo. Ese 10% se venía detrayendo todos los años del sueldo de los ediles desde 2008, pero se decidía cada año. Como este año no se retiró de forma expresa, pero se les aplicó, ellos reclaman ahora las cantidades que consideran se les adeuda. La lista que encabeza Carnero, que reclama unos 500 euros, la integran José Antonio Martínez-Bermejo (concejal en activo y jefe de Servicio de Identidad Institucional en la Dirección de Comunicación de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León), que reclama unos 3.500 euros; la senadora Mercedes Cantalapiedra (que como miembro de la Cámara Alta cobra al mes más de 5.000 euros brutos, eso si no tiene además un puesto en alguna comisión del Senado, que se paga a mayores) y los exconcejales del PP Mayte Martínez Jiménez, Carlos Fernández Rodríguez, Fernando Rubio Ballesteros (actualmente asesor del consejero de Agricultura), José San José Merinero, Victoria Díez Arce, Araceli Valdés Tremiño y Rosa Hernández del Campo. En total, reclaman entre todos 9.000 euros a repartir de distinta forma entre los diez integrantes de esa lista: 3.500 euros para Bermejo y los 5.500 restantes, entre nueve exconcejales, de los cuales uno es consejero de la Junta y otra, senadora.

Es difícil no sonrojarse por semejante reclamación y es imposible no indignarse. ¿Dónde queda la vocación de servicio al ciudadano que tanto cacarean los políticos si no perdonan ni un euro? Es que no se trata de que no les pagaran las retribuciones que les correspondían como ediles del principal grupo de la oposición; las ingresaron religiosamente cada mes entre enero y junio: es que están pidiendo el porcentaje de un semestre que otros años no les fue abonado como medida solidaria por la crisis. Lo hacen seis meses después de dejar el Consistorio y lo hacen pese a percibir alguno un sueldo de 81.889,50 euros al año, como el consejero de Agricultura, al que hay que añadir el coche oficial, los gastos de representación que abona la Consejería (tales como almuerzos, etc) y el teléfono móvil a cuenta de la Junta. O como la senadora, que percibe una retribución que para sí quisiera, aunque fuese la mitad al mes, el común de los mortales. O como el jefe de Servicio de Identidad Institucional de la Junta.

La reclamación de ese dinero es inoportuna donde las haya. Porque quien lo pide no es personal funcionario, laboral o contratado por el Consistorio. Ni viene de una aplicación automática. De haber sido así, lo habrían pedido todos los políticos afectados, de forma conjunta, con independencia del partido al que pertenecieran. Pero incluso dentro del mismo partido de los que lo piden, el PP, hay una excepción, la de Jesús Enríquez, que ha preferido honor a dinero y no ha reclamado ni a título particular. También podrían haber incluido esa subida en la reforma del reglamento interno y no lo hicieron.

Por todo eso, la lista que componen los diez cargos y excargos del PP de Valladolid produce bochorno al espíritu más sereno y causa vergüenza ajena. Es que reclaman 200 euros por mes (hasta seis meses máximo) algunos que tienen ahora sueldos públicos de más de 5.000 euros al mes. Y los diez de la dichosa lista sabían que lo que hacen sería polémico y expuesto a la crítica. Pero, precisamente por eso, y dado que no es un derecho laboral (¿No se declaran servidores públicos en función de una vocación política?), ¿les merece la pena que su nombre y apellido sea recordado en su paso por la política por esta reclamación?

Este tipo de actuaciones, aun siendo lícitas, que lo son (eso no lo discute nadie), llevan a aumentar la distancia entre políticos y administrados y a que la gente de la calle, el contribuyente, crea cada día menos el discurso de que en política se está por vocación.

Ha sido una semana muy mala para el PP de Valladolid. A esta lista de los 10 reclamantes del chocolate del loro (que es lo que piden y por eso es más indignante) se le une en el tiempo la de los otros cuatro excargos del PP vallisoletano (Rafael Delgado, Begoña Hernández, Juan Carlos Sacristán y Alberto Esgueva) de los que esta semana se ha sabido que la Fiscalía yla propia Junta de Castilla yLeón piden penas de cárcel –a los dos primeros; a los dos segundos, solo el Ministerio Fiscal– por el caso Perla Negra, la polémica compra del edificio de la Administración regional en Arroyo.

No hay ficción que supere esta realidad.