Libertad: ¿creer o no creer?

El discurso simplista de «nosotros estamos con los pobres y contra los malvados ricos», tiene mucho de populismo peronista en busca de un voto subsidiado económica e ideológicamente. Cuando, desde Moncloa, se cita por sus nombres y apellidos a creadores de riqueza y de empleo que contribuyen con sus empresas a construir el país, la reacción no puede esperarse que sea tocar palmas. Ana Patricia Botín, Ignacio Sánchez Galán, Juan Roig, Amancio Ortega, Rafael del Pino… todos ellos, con nombres y apellidos, han sido insólitamente atacados por un Gobierno dispuesto a todo. Un ejercicio altamente irresponsable cuyas consecuencias están aún por determinar.

Arremeter contra una compañía por trasladar su sede social a un país de la Unión Europea en beneficio de sus accionistas, no es sino la pataleta enrabietada de quien acusa recibo del golpe recibido en su ilimitada soberbia. Los ataques «ad hominem» vertidos contra el presidente de Ferrovial desde todos los frentes gubernamentales constituyen una prueba fehaciente de que algunos no creen en la libertad, por mucho que se les llene la boca de ella. Este episodio no es sino la constatación de una deriva que viene asentándose desde hace tiempo ejecutada por el Gobierno a instancias de sus socios de Podemos.

Los hechos están ahí. Se ha reformado el mercado eléctrico sin diálogo ni acuerdos con las empresas del sector. Se han decretado nuevos impuestos a este mercado, y también al bancario, de forma unilateral. Cada dos por tres se amenaza a las cadenas de supermercados con imponer un tope a los precios de los productos que venden en sus establecimientos. Se propugna nacionalizar la red de distribución minorista alimentaría. Hoy mismo, se aprueba una ley para imponer a las empresas privadas la constitución de sus órganos directivos y consejos de administración por razón exclusiva de género sin tener en cuenta factores como los básicos de mérito y capacidad. Y por si fuera poco, la idea es meterse también en la cama y en los usos sexuales de los ciudadanos cuando la inefable secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez «Pam», que tantas tardes de gloria nos ha dado a razón de 123.694 euros de sueldo oficial al año, dice textualmente que para ella «resulta escandaloso que el 75% de niñas y chicas jóvenes de nuestro país digan preferir la penetración a la autoestimulación». Para ella y sus amigas del ministerio de Igualdad, este intolerable «escándalo» deber ser consecuencia directa del heteropatriarcado fascista. O sea, que las mujeres a las que dicen defender, no tienen derecho a manifestar libremente sus preferencias en materia de placer sexual porque desde el sector feminista del Gobierno se prefiere el amor propio que hacer el amor con un cuerpo ajeno, especialmente si éste es de varón. Así las cosas, no se extrañen de que en algún momento estas lindas tengan la tentación de promulgar una ley progresista prohibiendo el coito. Al tiempo.