Lecciones víricas

1. La debilidad de la Salud Pública. El gasto en salud pública en España representaba en 2018 el 1,1% del gasto sanitario total. En las comunidades autónomas oscila entre el 2,5% de Castilla y León, la de mayor esfuerzo relativo, y el 0,3% de Andalucía. El 98,9% de nuestros recursos sanitarios se destinan en España a la atención a los enfermos. La dimensión colectiva del derecho a la salud, a la que destinamos ese exiguo 1,1%, incluye la vigilancia epidemiológica, la salud ambiental, la promoción de la salud o la seguridad alimentaria, funciones desarrolladas por profesionales (epidemiólogos, técnicos en salud pública, farmacéuticos, veterinarios) que no forman parte habitualmente de los servicios de salud (Hospitales y Atención Primaria); escasos efectivos que disponen de recursos limitados y condiciones profesionales menos competitivas. Ahora se descubre la figura de los «rastreadores» pero ese trabajo –verificar la trazabilidad y los contactos y actuar en consecuencia– se ha venido realizando, y bien, por los profesionales de la salud pública en distintos brotes y crisis. Los escasos recursos de la salud pública han dificultado el control inicial de la pandemia.

2. La debilidad del Ministerio de Sanidad. En España el nombramiento de los ministros de sanidad parece obedecer a equilibrios políticos lo que explica que en la última década hemos disfrutado de 8 ministros distintos, una vida media, por tanto, al frente del Ministerio de un año y tres meses. El último nombramiento, del Ministro Illa, fue justificado como la «cuota catalana» necesaria para abordar las negociaciones con el gobierno y los partidos soberanistas catalanes. Las responsables de Unidas Podemos rehusaron asumir Sanidad al tratarse de un «ministerio florero» carente de competencias. Pese a esa consideración, esas escasas competencias permitieron fragmentar el departamento en tres ministerios distintos: Sanidad; Consumo; y Derechos Sociales y Agenda 2030, además de la Vicepresidencia segunda del Gobierno.

Estos equilibrios políticos y partidistas terminan afectando la operatividad de los gobiernos. En la actual coyuntura pandémica se ha puesto de manifiesto esta debilidad, especialmente en la vigilancia epidemiológica, en la identificación de riesgos y en la determinación para adoptar decisiones precoces.

3. El fracaso en la atención residencial. La atención sanitaria en las residencias estaba situada en un terreno de nadie: la sanidad pública no se responsabilizaba y los centros lo suplían de forma incompleta. El resultado ha sido que la sanidad altamente presionada en sus centros no ha podido dar respuesta a las demandas de las residencias, que se han visto desbordadas con catastróficas consecuencias en términos de mortalidad y de sufrimiento.

El Gobierno ha adoptado en esta cuestión la política del avestruz: tras declarar el Estado de alarma y asumir el Mando único, el olfato político del vicepresidente de Derechos Sociales aconsejó declinar cualquier responsabilidad sobre las residencias y la trasladó expresamente a las comunidades autónomas. Escaquearse ha sido su más relevante aportación, disimulada con arengas relativas a la privatización (obviando que la catástrofe ha afectado por igual a centros públicos y privados) y a la responsabilidad de los «fondos buitres» (obviando, también, el importante peso de las organizaciones sin ánimo de lucro en la atención residencial).

4. El fracaso en la gestión de la crisis. ¿Por qué la covid-19 ha tenido un impacto tan grande en nuestro país, mucho mayor que en cualquier otro? ¿Por qué los casos confirmados duplican a los de Alemania y los fallecidos (por millón de habitantes) multiplican por seis los de los alemanes? ¿Por qué somos líderes mundiales en contagio de los sanitarios? Es necesario responder a estas preguntas. Se lo debemos a los muertos, se lo debemos a los afectados; estamos obligados a hacerlo. El Gobierno nos debe muchas explicaciones.

Ha faltado anticipación y determinación: la resistencia del Gobierno a la cancelación del congreso mundial de móviles, los mensajes que minimizaban el posible impacto del coronavirus en España o las declaraciones de políticos (Echenique) que se mofaban de los alarmistas ante una «gripe leve». Se desoyen numerosas advertencias, las pretéritas y las del momento, las de la OMS o las del ECDC. Se rechazan las propuestas autonómicas de actuar ya en centros educativos, residenciales o de declarar el Estado de alarma. La presión del lobby feminista para celebrar por todo lo alto el 8-M (recordemos que la fracción podémica del gobierno se jugaba su éxito) no recomendaba suspender otras concentraciones masivas. Caldo de cultivo para un virus que ya se extendía entre nosotros. De pronto, el 9-M todo cambió.

Han faltado mensajes claros y coherentes que generen confianza. La recomendación inicial de hacer pruebas solo a los casos sospechosos ocultaba, como después se comprobó, que no nos habíamos aprovisionado de suficientes PCR. La cuarentena recomendada a los afectados y contactos fue escandalosamente olvidada por destacados miembros del Gobierno. El uso de mascarillas fue desaconsejado en los peores momentos de la pandemia, después discutido, luego recomendado y finalmente declarado obligatorio en algunas circunstancias. De nuevo ocultaban, también en esto, que la tardanza en actuar y la imprevisión habían impedido disponer de suficientes. Mensajes contradictorios, rectificaciones sin explicación que generan desconfianza e incertidumbre y la penosa sensación de incoherencia en la gestión de esta crisis.

5. El Mando Único. El 14 de marzo se declara el Estado de Alarma y se anuncia 48 horas de antelación. Grave error: este anuncio estimuló la movilidad con desplazamientos «preventivos» desde las grandes ciudades con las consecuencias después conocidas en las provincias limítrofes. Centralizar y unificar las decisiones fue una buena decisión, pero, en la práctica, cargada de inoperancia en varios aspectos. El primero, su incapacidad de gestionar la compra centralizada de material que, después, se abandona en manos de las camunidades autónomas; semanas perdidas en un momento clave con graves consecuencias para los profesionales sanitarios. Segundo: ante el drama planteado en las residencias, el Ministro de Derechos Sociales mira hacia otro lado y dice «reforzar» las competencias autonómicas. Y tercero: los sistemas de información y los datos sobre afectados. Los cambios de criterio, las rectificaciones y las depuraciones han sido recurrentes. Aún hoy no sabemos cuántas personas han fallecido como consecuencia de la covid-19. La pasada semana el Ministerio informaba de 26.744 fallecidos; el INE estimaba 48.032; el sistema MOMO del Carlos III 43.065; la Asociación de empresas funerarias 43.985… El mismo día que el Presidente del gobierno proclamaba que no se había producido ningún fallecimiento, las comunidades habían notificado al menos 20 fallecidos.

Muchas son las lecciones víricas, no solo las sanitarias. Otras, igualmente necesarias, quedan en el tintero. Sobre el papel de los expertos y el de los políticos, la trasparencia y la rendición de cuentas, el miedo y la incertidumbre, la nueva terminología o nuestra relación con la naturaleza.