La justicia y el Frankenstein

El objetivo del poder ejecutivo para acercar las resoluciones judiciales a sus intereses se acomoda en dos direcciones. Designando para puestos clave de la Administración de Justicia a jueces y magistrados afines y/o presionando sobre los tribunales desde las instancias políticas. En la inminente configuración del nuevo Gobierno el área de Justicia que, sin embargo, está fuera del foco del reparto de carteras, tendrá una importancia capital. La novedad es que en esta ocasión hay un tercero en liza. Al pulso tradicional entre PP y PSOE para designar a los miembros de las grandes instituciones se suma ahora Podemos. El último susurro sitúa en las quinielas para ministra de Justicia a Victoria Rosell y a Cándido Conde-Pumpido en la presidencia del Tribunal Constitucional. La primera, jueza y diputada de Podemos por Canarias, tiene una trayectoria radical de izquierda que no deja lugar a dudas, y su enfrentamiento con el PP ha acabado en los tribunales. El segundo es un activista del socialismo judicial que no se ha ahorrado declaraciones en las que se muestra inclinado a poner la justicia al servicio de los objetivos «de Estado».

En una legislatura como la que se perfila en el horizonte, con decisiones políticas que vayan bordeando la frontera entre los derechos individuales y los colectivos y la irrupción formidable del sector público en la vida individual, el papel de los jueces se prevé decisivo. Sin contar con el descomunal embrollo de apelaciones derivadas del 'procés' y la sentencia a los sediciosos. Si, como parece, al final los partidos independentistas son decisivos en la investidura y en la permanencia de Sánchez en la Moncloa, los jueces tendrán un papel preponderante. Parafraseando aquel eslogan del estratega de Bill Clinton habría que decir: «Is the justicie, stupid».