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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación para «delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos» que pudiesen relacionar a Juan Carlos l con supuestas comisiones ilícitas vinculadas a la adjudicación por Arabia Saudí a un consorcio empresarial español de los trabajos ... de construcción del AVE a La Meca. La decisión ha sido adoptada por la fiscal general, Dolores Delgado, a iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción a partir de las diligencias abiertas por la conversación grabada por el excomisario José Manuel Villarejo con Corinna Larsen. El juez instructor de la Audiencia Nacional que conoció del caso resolvió archivar las actuaciones en 2018 a petición del ministerio público porque se basaban únicamente en las palabras de la amiga del anterior Monarca y el contrato databa de fechas –2011– en las que el ahora Rey emérito era jefe del Estado y, como tal, jurídicamente inviolable.
Es incuestionable la «trascendencia institucional» de la práctica de esas diligencias, como reconoce la Fiscalía, dada la relevante personalidad del afectado. El propósito de las nuevas pesquisas sería indagar si esos supuestos pagos irregulares dieron lugar a actuaciones penalmente reprochables tras la abdicación el 19 de junio de 2014 por las que podría ser juzgado. Una vez elegidos los cuatro experimentados representantes del ministerio público que dirigirán la investigación, es deseable que sus conclusiones definitivas se conozcan a la mayor brevedad para determinar si Juan Carlos I debe rendir cuentas ante la Sala Segunda del Supremo en su condición de aforado.
La ejemplaridad debe ser una característica indisoluble a la Monarquía para preservar su prestigio y proteger su futuro. En una decisión tan desgarradora como inevitable, Felipe VI rompió el pasado mes de marzo con su padre, le retiró su asignación anual con cargo a los Presupuestos y renunció a la herencia que pudiera corresponderle al conocerse que la Justicia le investigaba por unos millonarios fondos ocultos en paraísos fiscales que estarían vinculados con comisiones del AVE. Por exigencia democrática y por el propio bien de la Corona –una institución particularmente sensible al comportamiento individual de sus titulares–, se hace ineludible conocer el origen de esa fortuna y, en el supuesto de que se demostrase su ilicitud, depurar cuantas responsabilidades penales fuera menester.
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