Lobos, bulos y polarización política

Sin embargo, la reciente publicación del censo del lobo en Castilla y León en 2023-2024 desata algunos interrogantes. Según los datos oficiales, los lobos han aumentado menos del 8% en los últimos diez años, es decir, han mostrado la menor tasa de crecimiento en una década desde 1970. Y la mayor parte del aumento se ha producido al sur del Duero, donde el lobo siempre ha estado protegido. Al norte del Duero -donde su caza se prohibió en septiembre de 2021- el lobo solo ha aumentado el 3% en diez años, un porcentaje muy inferior al margen de error de este tipo de censos. Conclusión: la explosión demográfica de lobos en Castilla y León propiciada por su protección es un bulo.

Pero, ¿qué ocurre con el «aumento exponencial» de los daños a la ganadería? Hace unos días, la Consejería de Medio Ambiente ha comunicado a bombo y platillo que los ataques en la comunidad han aumentado un 47% desde que el lobo se protegió en 2021. Pues bien, el análisis de los datos usados por la Consejería demuestra que este supuesto incremento es tan irreal como el aumento explosivo de los lobos. Veamos por qué.

Hasta 2021, la Junta solo indemnizaba a los ganaderos que sufrían daños al sur del Duero y en las reservas de caza del norte. Pero en la mayor parte del área al norte del Duero, no pagaban los ataques, por lo que estos no figuraban en ningún registro. Tras la protección del lobo, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) obligó a pagar los daños en toda España, con lo que la Junta empezó a indemnizar (y a documentar por primera vez) los ataques al norte del Duero. Al referirse a los daños tras la protección del lobo (2021), la Junta está incluyendo un enorme número de ataques al norte del Duero que se han producido siempre, pero que solo se han registrado después de 2021, cuando empezaron a ser indemnizados.

No es verdad que los ataques hayan aumentado un 47% desde 2021. Lo que ocurre es que los ataques que se producen en la comunidad no se pagaban antes de 2021, mientras que ahora sí se indemnizan. Y, dicho sea de paso, esto es gracias al MITECO, que transfiere cada año 20 millones de euros a las comunidades autónomas con lobos para ayudar a los ganaderos (la mitad de esos fondos los recibe el gobierno de Castilla y León). La Junta, que presume ahora de liderar la defensa de los ganaderos, ha sido hasta 2021 la única comunidad autónoma de España que no pagaba los daños en todo su territorio.

El relato de que la protección del lobo arruina a los ganaderos se puede formular de otra manera: desde que los lobos se protegieron en 2021, todos los ganaderos de Castilla y León cobran indemnización de daños por primera vez en su historia. Nunca se habían pagado baremos tan altos por el ganado muerto. Y nunca los ganaderos habían tenido a su disposición tanto dinero para prevenir los ataques del lobo.

Convivir con lobos siempre ha sido difícil para los ganaderos. La campaña de manipulación que se está realizando para lanzarlos contra el enemigo político puede causar un gran daño al lobo, pero también a la propia Consejería de Medio Ambiente, que pierde así su credibilidad. En la era de la posverdad y la polarización ideológica puede sonar ingenuo pedir calma, empatía y transparencia. Pero esta es la mejor forma de poner los intereses de la sociedad y la naturaleza de Castilla y León por encima de la agenda política.