Los jóvenes en el consenso económico

Es evidente que esos jóvenes no pueden sentirse bien representados por unas estructuras políticas que no son capaces de ofrecerles un acomodo en la vida, ni siquiera unas expectativas razonables a medio o largo plazo. Y esta crisis de representación está en el origen del derrumbamiento estrepitoso del viejo modelo de bipartidismo imperfecto y del surgimiento de formaciones radicales de derechas y de izquierdas.

La situación de los jóvenes ha sido el tema dominante del último Consenso Económico de PWC, correspondiente al primer trimestre de 2021, que estima que los jóvenes serán además los grandes perjudicados por la crisis económica provocada por la covid-19. Según la opinión de un panel de más de 400 expertos que elabora esta encuesta, serían necesarios cambios en la formación y reformas para acabar con la excesiva temporalidad del empleo juvenil, como reforzar la Formación Profesional y reducir la brecha entre los costes del despido para los contratos temporales y fijos.

De entrada, los panelistas coinciden (en un 93,3%) en considerar como extraordinariamente preocupante o muy preocupante la intensa contracción del número de jóvenes entre 16 y 34 años, lo que plantea un serio problema demográfico de envejecimiento de la población, así como su baja participación en el mercado de trabajo, muy por debajo de los países europeos. Para fomentar su incorporación al mercado de laboral, los panelistas proponen en primer lugar modificar la formación que reciben, vinculándola más directamente a las necesidades productivas. En segundo lugar, creen que es necesario cambiar los mecanismos de entrada en el empleo, poniendo mayor énfasis en el aprendizaje.

Sobre el primero de estos asuntos, la formación, los encuestados advierten un claro desequilibrio, con una manifiesta insuficiencia de los estudios secundarios no obligatorios y un excesivo peso de los primarios y, especialmente, de los superiores, sector este último en el que existe una sobrecapacitación de los universitarios, que acaban compitiendo en el mercado por trabajos de inferior cualificación. Para corregir estos desequilibrios, el 96,3% de los panelistas apuesta por incentivar e invertir en la FP, el 56,5% por reformar la formación universitaria, reforzando los estudios científicos, y el 54,6% por potenciar la formación básica. Más específicamente, para mejorar las tasas de escolarización postobligatorias (muy alejadas de países como Suecia, Bélgica, Países Bajos, Irlanda, Polonia o Finlandia) y su incidencia en el empleo juvenil, los panelistas proponen una vez más incentivar la FP (88,9%), así como reforzar la orientación profesional que reciben los jóvenes (81,6%) y reforzar el sistema educativo en los territorios con mayor fracaso escolar (53,21%).

También creen que habría que aumentar la oferta de trabajo juvenil con formación tecnológica y ponen sobre la mesa dos medidas adicionales: por un lado, reforzar los estudios secundarios y superiores con una mayor oferta técnico-matemática (73,2%) y, por el otro, incrementar la participación femenina en este tipo de ramas (46,3%).

Sobre la segunda cuestión, la entrada en el mercado laboral, el 67% de los encuestados considera que debe reducirse la proporción de los contratos temporales entre los jóvenes, por encima del 48% en 2020. Para conseguir tal objetivo, el 66,1% apuesta por reducir la brecha entre los costes del despido para los contratos temporales y fijos, y el 41% cree que se debería penalizar el encadenamiento de contratos temporales.

Parece que ideas no faltan, pero el problema sigue a la espera de que se tome la decisión política de ejecutarlas.