El viaje del ómnibus

Se trataba de ratificar un Real Decreto-Ley, amplísimo de contenido, que el Gobierno aprobó el 23 de diciembre, pues sabido es que estas disposiciones entran en vigor de inmediato, pero deben ser convalidadas luego por el Congreso de los Diputado, porque si no se aprueban decaen y dejan de estar vigentes. También es sabido que estos decretos-leyes, que han venido denominándose «ómnibus» por su inusitada variedad de contenido, tienen siempre riesgo, y ya habido unas cuantas experiencias al respecto. Son objeto de una votación única tal como están, sin posibilidad de enmienda de ningún tipo, porque solo si luego se tramitan como proyectos de ley podrán modificarse.

Punto de partida: el Gobierno sabía, o podía saber, que una parte del texto sería aprobada sin mayor problema, con votos a favor suficientes y con algunas abstenciones. Bastaba con presentar normas diferenciadas: en una la parte social, más aceptable (subida del IPC en las pensiones, bonificaciones para el transporte, ayudas a los perjudicados de la catástrofe de Valencia, medidas relacionadas con el alquiler y las familias vulnerables, etc.) y en otra la parte económica, más discutida (medidas tributarias principalmente). De hecho, así lo hizo con otros dos decretos-leyes el mismo día y por separado (uno para el impuesto energético, otro para la pensión compatible con el trabajo), que sabía que serían rechazado el uno y aprobado el otro, como así ocurrió. Con todo lo demás prefirió correr el riesgo y lo acumuló sin más en un ómnibus inmenso y repleto. En alguna ocasión similar anterior había conseguido los votos en el último momento, aceptando entregar a Cataluña unas competencias en emigración, cuyo alcance nadie ha podido aclarar hasta el momento, y debió pensar que nada mejor que otra dosis de indescriptible emoción con final feliz de nuevo para empezar el año.

No fue así esta vez. Los votos en contra del PP, VOX y Junts lo rechazaron. Y a partir de ahí empezaron los relatos. El del Gobierno, cargando las tintas en el PP y VOX, que son la oposición, y sin citar a Junts, que es aliado decisivo y exigente, era obvio: buscan hacer daño a la gente, lo que les importa es exhibir una derrota del Gobierno, etc., etc. En ningún momento oí nada sobre la conveniencia de haber separado las medidas a votar; más bien que todas seguirían acumuladas y que no habría cambio de estrategia, supongo que confiando en que el discurso de la culpabilización calaría en la opinión pública. El de la oposición, no menos obvio: la debilidad de un Gobierno bloqueado y su obstinación en poner difícil la aprobación de las medidas sociales que hubieran aceptado con solo separarlas, que pudo evitarse el rechazo, pero el Gobierno habría preferido el chantaje del todo o nada y el secuestro de los afectados, etc., etc. Como si, de un lado y de otro, fuera más importante ganar el relato que resolver el problema; como si todo se hubiera hecho a conciencia, previendo el escenario, para sostener el respectivo discurso.

Algo debió ocurrir de inmediato, tal vez que el pulso de la opinión pública no cumplía las expectativas calculadas para alguno de los discursos de culpabilización, tal vez la propia alarma social provocada, porque enseguida se inició el camino de retorno. No precisamente tanteando la disposición de la oposición a aprobar las medidas sociales separadas del bloque, sino más bien solicitando al incómodo aliado la concreción del precio de apoyar. Y lo puso: volvió a aplicar el método de la emoción del último momento, con un Consejo de Ministros ya convocado y reunido, esperando durante cuatro horas a que el prófugo levantara el pulgar y el semáforo se pusiera en verde. Se troceó lo que un par de días antes era imposible de trocear, se añadió alguna medida (así, el interesante aval a los propietarios impagados en ciertos supuestos de arrendamiento), también se suprimió alguna otra que estaba en el primer paquete (así, la moratoria contable para evitar la disolución de sociedades en caso de pérdidas cualificadas, que se mantenía desde la pandemia y solo se recoge ahora para la dana), para pasar de un decreto-ley de 80 medidas en 140 páginas, a otro de 21 medidas en 80 páginas, que a veces la cuantía también importa. Parece que los dos partidos principales del país, que son los que pueden gobernarlo, no llegaron a entrar en contacto.

Por fin, y sin que tuviera ninguna relación con estas medidas, Junts aprovechó para obtener vía libre a su propuesta sobre la presentación de una cuestión de confianza; se añadirá en el texto que esa es una atribución exclusiva del Presidente del Gobierno, como así lo es, insiste él mismo en que no la ve necesaria, pero, en un pintoresco alarde de mutua incoherencia, la iniciativa se tramitará y hasta es posible que se apruebe. Vista la función constitucional de los instrumentos de control del Ejecutivo por el Parlamento, me parece un verdadero dislate, comparable al que ocurriría si el Parlamento pretendiera obligar a la oposición a presentar una moción de censura, o al Presidente a disolver las Cámaras. Y parece (porque esto solo lo ha reconocido Junts y no de momento el Gobierno) que también se aprovechó el viaje para conseguir que la segunda cadena de TVE emita en Cataluña solo en catalán, asunto igualmente muy propio de las medidas sociales que estaban en juego.

Hasta aquí la trama. Falta por ver el interesante desenlace de relatos y culpas cuando el debate llegue al pleno del Congreso. De momento, el PP anticipa que votará a favor, lo que no creo que sea una buena noticia para el Gobierno, que supongo hubiera preferido lo contrario una vez que tiene los votos. Todos intentarán que su discurso predomine para que recaiga sobre los demás el efecto perverso. No se si apreciarán que el efecto más perverso puede ser el descrédito de la política, o incluso un poco más de desafección con la democracia, que es la verdadera culpable de que el Parlamento sea tan plural y tan fragmentado. Y luego nos quejaremos de esos vientos de reacción que andan soplando por ahí.